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La Cantera (Santa Fe)

La crisis integral del modelo energético neoliberal

“Un hombre honrado y con escrúpulos dentro de la industria petrolera es un fenómeno tan raro que merecería figurar en un museo”. Harold L. Ickes – Administrador del Petróleo para la Guerra del Presidente Franklin D. Roosevelt

“Si se está en contra de los trusts petroleros es imposible llegar al gobierno, pero luego es aún más difícil gobernar con ellos”. Franklin D. Roosevelt.

“Ningún país puede pensar en desarrollarse sobre bases coloniales.” “No hay país soberano que resigne el control de sus recursos energéticos a manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus futuras generaciones”. Arturo Illia.

“Mi más completa decepción es frente a algunas situaciones ni fu ni fa, de las cuales creía que se podía sacar algo; ahora me convenzo, terminantemente, de que los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición”. Ernesto “Che” Guevara.

PRIMERA PARTE.-

I.- Ratificación del Diagnóstico General.-

En el anterior Informe Energético de Agosto del 2003 titulado “El Modelo Prolijo y el Progresismo Cosmético – Petróleo y Servicios Públicos”, señalamos con la mayor objetividad que todo indicaba que la administración del Presidente Kirchner continuaba con las mismas políticas socioeconómicas neoliberales –la energética incluida- aplicadas por sus antecesores, siendo la única diferencia aquella que surge de los discursos oficiales. En política, es lo que se conoce como “el doble discurso”.

El acatamiento, verbalmente disimulado, a las directivas del FMI y a las instrucciones de los EEUU y del G7 así lo muestran, mientras lo confirman la inexistencia de cambios estructurales al modelo implantado desde 1989, la profundización del la regresividad impositiva, la protección de los negocios de un sistema bancario irrecuperable (las AFJP, en especial) y, recientemente, el proyecto del Ejecutivo en tratamiento Legislativo, de Ley de Responsabilidad Fiscal, que subordina el federalismo constitucional al Ministerio de Economía, haciendo realidad el antiguo sueño del FMI de tratar con un solo interlocutor válido. Por otra parte, los grandes números de la economía también lo certifican, pues mientras aumenta el PBI, disminuye la participación del sector trabajo en el ingreso. Consecuentemente, cabe interrogarse sobre quienes se apropian de las mayores riquezas generadas y, sin dudas, podemos señalar al agro y a los petroleros, más concretamente y en especial, a los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos. Las ilegales ventas externas, la indexación de sus precios internos, el no ingreso al país del 70 % de sus divisas generadas, la redolarización del precio interno del gas, la novación de sus contratos que incluyen el perdón de sus incumplimientos y vicios de origen, el bajo porcentual, la mala liquidación de las regalías y el mantenimiento de situaciones de privilegio contrarias a la Ley nº 17.319, siguen siendo sus mecanismos principales de generación de utilidades. Tal como decía el Presidente Perón, “La única verdad es la realidad” y ante la misma, nadie puede seguir creyendo que nos encontraos ante un gobierno progresista.

II.- Balance a la fecha del presente Informe.-

La vigente Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, sancionada en enero del 2002, contiene disposiciones positivas, entre las que destacamos por tener relación con el sector energético a: la ratificación de la prohibición de indexar cualquier precio de la economía dispuesta por la Ley de Convertibilidad; la extensión de similar prohibición sobre las tarifas de los servicios públicos, la potestad otorgada al Ejecutivo de fijar precios a cualquier tipo de bien comercializable considerado crítico, la creación del derecho a las exportaciones de bienes energéticos y la obligatoriedad de revisar en profundidad los contratos de las privatizadas celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, estableciendo pautas específicas para las prestadoras de servicios públicos. El párrafo marcado en negrita, significa que entran todos los contratos regidos por la Ley de Hidrocarburos y también aquellos referidos a la generación de energía eléctrica.

En sus inicios, con la finalidad de proceder a la revisión dispuesta por la Ley, la actual Administración contrató a FLACSO y dio participación a algunas ONG representativas de los usuarios, pero, al mismo tiempo excluyo de la revisión a los contratos “no regulados”, es decir, los más importantes, a saber: los correspondientes a los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos y los de los generadores de energía eléctrica. Al poco tiempo, fueron excluidos FLACSO y las ONG de los usuarios y el PE obtuvo la sanción de una Ley modificatoria de la Nº 25.561 que le permite otorgar incrementos tarifarios sin necesidad de revisar íntegramente los contratos. En base a esta última Ley, es que se han sancionado los recientes aumentos.

Desde la sanción de la Ley 25.561 y de la devaluación del peso, las empresas petroleras “no reguladas” siguieron ajustando los precios de los combustibles líquidos (GLP, es decir, garrafas y tubos incluidos) en base al precio internacional; de tal forma, al seguir desconociendo la vigencia de la prohibición indexatoria; provocaron que la Administración Duhalde decretara la declaración de la emergencia de abastecimiento; de allí parte el convenio entre refinadoras, productoras y el PE que fijaba para el petróleo en boca de pozo un valor de U$S 28,50 el barril, recientemente desconocido (aumentos del gasoil) ante la indiferencia gubernamental. Al mismo tiempo, tampoco respetaban el control de cambios impuesto por la Administración De la Rúa, y continuaron manteniendo en el exterior el 70 % de las divisas que les generan sus exportaciones, situación que les fue convalidada por el Presidente Duhalde al final de su mandato. Éstas concesionarias de la Ley de Hidrocarburos han ido aumentando sus presiones tendientes a obtener, por lo menos, el mismo precio en dólares que el gas en boca de pozo tenía en diciembre del 2001.

Por su parte, las generadoras eléctricas han sido beneficiadas con subsidios y habían asumido mantener sus precios a las distribuidoras. Uno de los objetivos que se fijaron fue el mantenimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, que les permiten generar ganancias extraordinarias mediante la aplicación del método consistente en aplicar a todas las unidades ofertadas, el precio de la última, que invariablemente es el más caro. Tanto las generadoras eléctricas, como las transportistas y distribuidoras del sector y las transportadoras y distribuidoras de gas natural, iniciaron una campaña que perseguía la obtención de incrementos tarifarios que les permitieran recomponer sus utilidades en dólares, al mismo nivel predevaluatorio.

En resumen, podemos decir que los:

a) concesionarios de producción siguieron indexando los precios de los combustibles líquidos y, mediante los Decretos Nº 180 y 181 y sus normas complementarias, han redolarizado el precio del gas, que pasará en breve tiempo, de U$S 0,40 a U$S 1,50 medido en millones de BTU (275 % de aumento en dólares); Tampoco han visto limitadas sus exportaciones de petróleo y apenas lo han sido solamente los “excedentes” de los ilegales contratos de exportación de gas. Los compromisos de inversión en exploración son misérrimos y los de desarrollo de los actuales yacimientos destinados a incrementar la oferta de gas, son dudosos, porque al ser el petróleo y el gas productos asociados, cabe preguntarse que han hecho en los primeros meses de este año con el gas, cuando han seguido extrayendo la misma cantidad de petróleo;

b) las generadoras eléctricas han mantenido inalterable el funcionamiento del Mercado Mayorista y han conseguido que les subsidien la compra de combustibles sustitutivos del gas natural faltante (es el caso del fuel-oil comprado a PDVESA), a causa de los incumplimientos de provisión incurridos por las productoras y de las transportadoras de gas;

c) las licenciatarias del servicio público de transporte, tanto eléctricas como gasíferas han sido liberadas de construir a su costo las obras infraestructurales –gasoductos troncales y líneas de alta tensión- y de afrontar el costo de sus incumplimientos, que debido a la gravedad de los mismos podría haberes costado la nulidad de sus contratos. El Estado Nacional se hará cargo de las obras, ya sea por medio de ENARSA o a través de extraños fideicomisos que nadie sabe bien como funcionan o cuales son las normas que regulan su accionar. Es lícito preguntarse lo siguiente: si las Leyes Regulatorias las obligan a prestar un servicio público de buena calidad y, al mismo tiempo, los respectivos contratos las liberan de concretar las inversiones necesarias para prestar el servicio licenciado, ¿en base a qué normas legales el Ejecutivo ha privilegiado las cláusulas contractuales por sobre las disposiciones de las Leyes que les dieron origen?. Además, serán premiadas a la brevedad con aumentos tarifarios de importancia;

d) ninguna de las empresas involucradas ha sido auditada por el Estado Nacional; en otras palabras, los usuarios y contribuyentes seguimos sin saber cuales son los costos reales de todos los servicios privatizados. El estudio de costos, utilizado por la Secretaría de Energía para justificar los aumentos del precio del gas, carece de seriedad pues no indica cuales son los criterios seguidos para distribuir los costos indirectos y conjuntos, es decir, que corresponden a productos asociados, como lo son el gas y el petróleo;

e) la totalidad de los beneficios que de una forma u otra percibirán las empresas, serán afrontados por los argentinos, ya sea en forma directa, a través de los precios y tarifas, o indirecta, por medio de la vía impositiva.

III.- Aspectos generales de la crisis.-

Hidrocarburos y servicios públicos.-

En el Informe de Agosto del 2003, señalábamos la necesidad de separar los análisis referidos al sector de hidrocarburos de aquellos destinados a la prestación de los servicios públicos de gas y electricidad, sin desconocer la interdependencia entre los campos propios donde se manifiestan los problemas, pues los precios del petróleo en el yacimiento y del gas en el punto de ingreso a la red troncal, vulgarmente llamados en boca de pozo, constituyen los precios estructurales o básicos de la economía. No son lo mismo las guerras del Golfo Pérsico y del Asia Central, donde las grandes potencias luchan para asegurarse reservas de hidrocarburos que les garanticen el abastecimiento de sus economía por los próximos 30 ó 40 años, que los regímenes de prestación de servicios públicos, por más importantes que estos sean. Mantenemos la misma advertencia conceptual.

El contexto internacional y la imprevisión nacional.-

La situación internacional es altamente preocupante. De acuerdo a estudios de técnicos prestigiosos e independientes, existe la posibilidad cierta de que en un plazo aproximado de cuarenta años, las actuales reservas mundiales de hidrocarburos se agoten. Además, por estar ubicadas las reservas mayoritariamente en países musulmanes, se potencia la aparición de conflictos internacionales de magnitud.

La reciente reunión del G7 más Rusia pero sin China, donde sin consultar a los dueños de los reservorios, se sentaron las bases del reparto de los mismos entre los concurrentes. El agravamiento de los conflictos bélicos y de las situaciones internas de los principales productores, especialmente de Arabia Saudita, deberían preocupar seriamente al Gobierno Nacional que, cuanto menos, tendría que pensar que ante una situación futura de escasez internacional creciente, no puede seguir ignorando el nivel de nuestras reservas y permitiendo a las petroleras continuar con su espectacular negocio de las exportaciones, al costo de explotar intensiva y depredatoriamente los yacimientos.

El reconocido especialista británico Jeremy Sampson (autor de “Las siete hermanas”) sostiene en Página 12 del 30/05/04 que “La guerra en Irak, con todos sus errores y horrores, sigue distrayendo a Occidente de la crisis en Arabia Saudita, que fue la consecuencia más seria del 11 de septiembre, y de las ambiciones de Osama Bin Laden. Una guerra civil en Arabia Saudita brindaría una mayor amenaza a la seguridad de Occidente que Irak o Afganistán. Porque si los fundamentalistas llegan en el futuro a tomar el poder en Arabia Saudita no sentirán la misma necesidad que los otros productores de vender su petróleo para financiar su desarrollo. Ellos creen que es la riqueza la que corrompió a su país y que se pueden arreglar sin el petróleo. Esa es la peor pesadilla para los consumidores occidentales: darse cuenta que el mayor exportador de petróleo no necesita exportar” (La negrita es propia).

La actual administración justicialista actúa como si el contexto externo nos resulta ajeno y siguen pensando que los hidrocarburos revisten la categoría de “commodity”, tal como lo sostienen las grandes petroleras multinacionales y sus “abrepuertas” locales (lobbyist) a los cuales el Presidente Kircher brinda un privilegiado trato.

Previsibilidad de la crisis – Criterios generales para superarla. Su continuidad.-

La actual es una situación crítica previsible e ineludible: sí o sí iba a suceder. Un sistema energético en que sus actores productivos sobreexplotan incontroladamente los viejos yacimientos sin invertir en exploración; donde los concesionarios o licenciatarios de servicios públicos tampoco lo hacen en obras destinadas a asegurar la prestación normal de la que son legalmente responsables; que está casi totalmente extranjerizado con lo cual pensar que tengan algún compromiso con nuestro país es una fantasía irrealizable; que genera altísimas utilidades que son giradas libremente al exterior, incluso en las actuales circunstancias y ante la complacencia de un Ministerio de Economía que, sumiso al FMI, privilegia sus problemas de caja y se ha convertido en un “lobbyist” de las privatizadas.; donde la planificación y el control estatal han estado premeditadamente ausentes, no puede tener otro fin distinto al que estamos y seguiremos padeciendo: el colapso del modelo energético neoliberal.

Podemos describir la crisis diciendo que los argentinos hemos vendido las joyas de la abuela, nos endeudamos para seguir la fiesta y, como no invertimos en mantener, mejorar y ampliar nuestros activos físicos, se nos cayó la casa encima.

El sistema anterior, estatal nacional, racional, solidario, súperavitario en rentas y puesto al servicio del desarrollo económico-social autónomo, nos dejó una infraestructura física que aún disponemos, sin olvidar que los servicios públicos derivados permitían el acceso y la permanencia de los argentinos, sin que fueran aspectos descalificatorios su nivel de ingreso o su lugar de residencia.

No está de más recordar que fue iniciado por el Presidente Yrigoyen y la creación de YPF en 1922. La designación al frente de la misma del Coronel e Ingeniero Enrique Mosconi por parte del Presidente Alvear y la formulación y ejecución de un plan de crecimiento empresario cuya finalidad era el desplazamiento de los trusts internacionales del petróleo que dominaban el mercado interno, donde, al igual que en estos días, regía en los surtidores el precio internacional o precio del golfo. Ese plan culminó el 1 de agosto de 1929 con la “Toma del Mercado de los Combustibles Líquidos”. En palabras de Mosconi, de ahora en más, serían los gobiernos de la República los que fijarían los precios de los combustibles y las riquezas antes que tomaban el camino del mar quedarán en el país. Todos los mencionados consideraron a esa decisión como la continuidad económica del 9 de Julio de 1816, cuando proclamamos la independencia política. En una situación internacional tan difícil como la actual, Argentina había decidido, soberanamente, utilizar las riquezas que el petróleo general en beneficio de los intereses de su pueblo.

A partir de esa postura, y especialmente a través de impuestos específicos –los Fondos Energéticos y Viales- cargados al precio de venta de los combustibles y al petróleo crudo procesado localmente, fue que la Nación, y también las Provincias, construyeron y mantuvieron toda la red vial nacional y provincial, la red de gasoductos troncales (una de las más extensa del mundo), los grandes oleoductos troncales, la totalidad de las grandes represas hidráulicas nacionales y muchas provinciales, las líneas eléctricas troncales de alta tensión, la construcción de los polos petroquímicos de San Lorenzo, Ensenada y Bahía Blanca, sin olvidar las obras de colonización que YPF, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, hicieron realidad en todo el territorio nacional. Desde 1967, también se cargaba al precio de los combustibles el Impuesto a la Transferencia (ITC), sumándose posteriormente el IVA y en 1985 el 10 % destinado a las Cajas de Previsión Social. Además, YPF financiaba a las otras empresas del Estado y a actividades productivas de importancia, como el agro, por ejemplo.

Esa inversión infraestructural fue prevista y ejecutada con un horizonte de crecimiento de largo plazo y el grado de desarrollo logrado hasta julio de 1989, cuando comenzó a privatizarse y desregularse el sector energético, es exactamente el mismo de que disponemos a la fecha, al que debemos sumar que nuestras reservas de gas y de petróleo alcanzaban a 37 y 23 años, respectivamente. El logro de Yrigoyen, Alvear y Mosconi de 1929 fue revertido por la más pronunciada involución socioeconómica que registra la historia nacional, plasmada por la gestión presidencial de Menem, conservada y profundizada por todos sus sucesores. Consecuentemente, las riquezas generadas por los hidrocarburos retomaron el camino del mar y no se transforman en inversiones internas. Somos el único país autoabastecido donde sus habitantes pagan por sus combustibles el precio internacional. Este es la causa principal del colapso energético y, sin dudas, de la pobreza extrema en que viven más de la mitad de los compatriotas.

También se han manifestado problemas en las relaciones con organismos internacionales que, insolentemente, ante la pasividad de un Gobierno que ha olvidado que somos socios de los mismos y no mendicantes, exigen desde la supresión de los derechos a las exportaciones de petróleo hasta desmedidos y nunca estudiados incrementos de tarifas. Como novedad, se ha visto afectada la relación con países limítrofes, que no son más que otras derivaciones de la resignación de la soberanía nacional incurrida desde los años 90’, donde los intereses particulares y lucrativos fueron puestos por encima de los nacionales. Este último es el problema generado con las exportaciones de gas natural a Chile, donde el Presidente Lagos ha demostrado estar más informado sobre la crítica situación hidrocarburífera argentina que nuestras autoridades.

En cuanto a las medidas adoptadas para superarla, es menester tener en claro los criterios rectores a los que el Gobierno ha ajustado sus medidas, a saber:

a) Aceptación del Modelo Neoliberal. Ha respetado la propuesta electoral oportunamente presentada a la ciudadanía, pero muy poco divulgada (puede leerse en Internet en www.kirchnerpresidente). En la misma, que competía en cuanto a liberal se refiere, con las de Menem y López Murphy, se ratificaba y profundizaba el Modelo vigente implantado desde julio/89, aunque se prometía la recuperación de la renta petrolera (transcurrido más de una año de gobierno, ha sucedido todo lo contrario) y de la acción de oro de YPF S.A. (algo muy difícil de concretar porque nunca se perdió); también se criticaba la venta a Repsol del paquete mayoritario de acciones de YPF. Consecuentemente, el Presidente Kirchner ha sido coherente –salvo con la venta a Repsol- con sus conductas de apoyo al sistema colapsado, en especial con:

1) las privatizaciones de las empresas energéticas, especialmente YPF donde contribuyó a la obtención del quórum mínimo requerido para iniciar su tratamiento, circunstancia que implicaba su segura aprobación;

2) al copamiento de YPF por parte de Repsol, que importó para la Argentina la “liquidación” del 20 % del capital social (sólo se conservan 1.000 acciones que le permiten nombrar un director y un síndico y sus respectivos suplentes, y ejercer el poder de veto en las especiales circunstancias determinadas en la Ley de Privatización). En este caso, oportunamente, en el momento del copamiento, el entonces Gobernador santacruceño se alegraba de que la empresa española se integrara verticalmente, expresando al diario Crónica de Comodoro Rivadavia (10/05/99) “Es una de las operaciones más importantes para la Argentina”.”Repsol es una empresa que refina petróleo, no produce crudo, ni explora…y con la compra de YPF va a combinar la refinación de los productos de petróleo con la producción de crudo, con lo que va a llegar a ser una de las empresas más importantes del mundo”

3) al mantenimiento del criterio del precio internacional para el mercado interno y seguir considerando a los hidrocarburos como una simple mercancía comercializable.

b) Justificación de incumplimientos empresarios. A pesar de las altisonantes declaraciones presidenciales y ministeriales, el Gobierno ha aceptado la falacia empresaria de que las causas del colapso hay que buscarlas solamente en el congelamiento de tarifas de la energía eléctrica y el gas natural y, por ende, de los precios relacionados son ellas como el del gas en boca de pozo, cuyas tarifas debieron ser revisadas en su totalidad. En términos económicos, las empresas y la derecha política –Macri, López Murphy y Menem, Terragno, entre otros- han sostenido que la crisis ha sido consecuencia de la alteración del funcionamiento normal del mercado, dando por supuesto que éste funciona en el área de los hidrocarburos en forma similar a la compra venta de acciones en la Bolsa de Comercio; ante semejante afirmación habría que preguntarle a los iraquíes si tienen alguna opción de no vender su petróleo a los EEUU, o sea ¿cuál es la libertad de que goza la oferta en este caso?

De esta forma, se blanquea la falta de inversiones en el desarrollo de áreas o pozos gasíferos, en la construcción de nuevos gasoductos troncales y líneas de la red nacional de alta tensión. Tal conducta sólo puede entenderse si se trata de justificar el pasado aunque se lo denigre verbalmente, entendiendo que el modelo ha sido exitoso para todos, cuando en realidad, lo ha sido sólo para las empresas beneficiarias del proceso privatizador. Significa también olvidarse de la historia internacional reciente que nos muestra el colapso de sistemas eléctricos similares en California y la Costa Este de los EEUU y Canadá, donde no hubo congelamiento tarifario, con niveles de ingreso son, por lo menos, cinco veces mayores que el de los argentinos y con una administración pública más eficiente y menos corrupta. Al mismo tiempo se libera a las empresas de las penalidades que sus incumplimientos le han ocasionado y, como se verá, también del cumplimiento de lo no concretado.

c) Mantenimiento de situaciones de privilegio ilícitamente obtenidas. Tal es el caso, por ejemplo, de no ingresar al país el 70 % de las divisas, seguir indexando los precios internos, continuar con la operación de áreas obtenidas en contradicción a la Ley de Hidrocarburos, mantener exportaciones a pesar de no estar asegurado el consumo interno y menos aún el autoabastecimiento a mediano plazo, etc…

Tampoco el Poder Ejecutivo ha demostrado el menor interés en investigar hechos paradigmáticos de corrupción, tales como la prórroga de la concesión de explotación de Loma de La Lata, y las dos ventas de YPF. Casualmente, en el tema de Loma de La Lata y en la segunda venta del capital social de YPF, aparece Repsol.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que las medidas adoptadas por el Gobierno, lo han sido dentro del irracional sistema energético vigente. Por consiguiente, nada tienen que ver con una solución definitiva del problema; todo indica que serán paliativos que transformarán en crónicos los desequilibrios sectoriales y cuyo costo no será absorbido por las empresas sino por todos los argentinos, según el Modelo Privatizador K, ya aplicado en los ferrocarriles y el peaje. El justicialismo gobernante pretende resucitar un sistema energético que al haber fracasado puesto al servicio de un modelo socioeconómico neoliberal, menos puede servir a una política económica que persiga objetivos diametralmente opuestos, dentro de un contexto de independencia política, soberanía económica, equidad social y equilibrio regional.

Al proceder en la forma señalada, la Administración Kirchner ha perdido la oportunidad de dar inicio a la reestructuración total del sector, aprovechando no solamente los incumplimientos contractuales sino también las manifiestas transgresiones empresarias e incumplimientos de sectores del la Administración, a las Leyes de Hidrocarburos, Convertibilidad, Marcos Regulatorios del Gas y de la Energía Eléctrica, Reforma del Estado, Emergencia Económica, Defensa de la Competencia y del Consumidor, de Abastecimiento, Emergencia Pública Nº 25.561 y Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Por ejemplo, resulta difícil de entender, como la disminución premeditada de los volúmenes de gas destinados al mercado interno, llevada a cabo por los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos en marzo del corriente año –inicio público de la crisis- que fuera denunciada en un país extranjero por el Presidente Kirchner, no haya sido penalizada y por el contrario sus responsables hayan sido acreedores a la reinternacionalización del precio del gas en boca de pozo, que implica incrementos en dólares del 275 %.

En otras palabras, en lugar de seguir los lineamientos reestructuralistas propuestos por técnicos no vinculados a las empresas y por el MORENO (Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora ) por ejemplo, el Gobierno ha preferido, a costa del bolsillo de los argentinos, “emparchar” el irracional modelo que rige desde julio de 1989.

Con su conducta, desconoce claras disposiciones de la Constitución Nacional; ésta, en su Preámbulo establece como objetivos fundantes de la República “proveer a la defensa común” y “promover el bienestar general”; ambos objetivos fueron utilizados por el Presidente Illia como Considerandos en los Decretos de anulación de los contratos petroleros firmados por el Presidente Frondizi. Cabe preguntarse si con la beligerante situación internacional por todos conocida, Argentina puede seguir permitiendo una explotación incontrolada de un bien no renovable, estratégico y muy escaso, como también si, ante la situación de extrema pobreza en que se encuentran muchos compatriotas, es posible seguir observando pasivamente que las rentas hidrocarburíferas tomen, en las palabras de Mosconi, el camino del mar. A su vez, el Art. 41 de la Carta Magna, obliga “a la utilización racional de los recursos nacionales” y a que las actividades productivas del presente deben preservar la calidad del ambiente y no deben “comprometer las de las generaciones futuras”. Si algo puede afirmarse sobre el desarrollo interno de las actividades productivas referidas a los hidrocarburos, es su irracionalidad que, entre otros daños, implica la depredación ambiental; como ejemplo de lo afirmado, cabe mencionar a los dos yacimientos más importantes: Loma de la Lata y Rincón de los Sauces.

Trascendencia política, económica y social del colapso

La dimensión de la crisis estructural, a las que deben sumarse las contradictorias e intrascendentes declaraciones de los funcionarios que insisten en negarla–en realidad, verdaderos relatores de la misma- han generado lógicos temores en gran parte de la población, que van desde el vislumbrar el corte de los servicios de luz y gas, o suponer fuertes incrementos de tarifas que, en el caso de la industria y especialmente en sectores PYMES, como el del GNC por ejemplo, ya se han materializado, preanunciando fuertes traslados a los costos.

La provisión de energía eléctrica, dentro de parámetros normales de riesgo se ha normalizado en gran parte, gracias a las lluvias que han mejorado la oferta hidroeléctrica; pero el futuro sigue incierto, tanto en volúmenes como en precios, con la importancia que esto último tiene para las previsiones empresarias. El abastecimiento de gas natural funcional al máximo de la capacidad de transporte disponible de la red troncal; por consiguiente, se siguen produciendo cortes; la Secretaría de Energía ha dispuesto aplicarlos a las usinas en primer lugar, pero, lamentablemente, privilegia a las refinadoras en desmedro de las pymes; en este caso, las refinadoras que son las que tienen el combustible sustituto a mejor precio y con menos problemas deberían ser las primeras a las que se le corte el suministro; al no hacerlo, se les permite comprar gas natural que, a pesar de los últimos aumentos, les resulta un buen negocio pues los combustibles líquidos sustitutos los venden al mercado interno o externo al precio internacional. Resulta imprescindible retirarles a las distribuidoras el poder de policía que ilegalmente les fuera delegado por el ENARGAS; este poder de control, está siendo utilizado para afectar con los cortes a aquellas empresas medianas y pequeñas que no aceptaron en su momento pasar de la categoría interrumpible a no interrumpible y, por supuesto, pagar bastante más por el suministro.

Las dificultades presentes y futuras han obligado a la mayoría de los habitantes a plantearse interrogantes que exceden los límites a que las falacias neoliberales nos tenían acostumbrados. Del creciente cuestionamiento a las privatizaciones, gran parte de los argentinos ha pasado a tener conciencia de la importancia que tenía el accionar de las grandes empresas públicas en el desarrollo de su vida cotidiana, presente y futura y, de cómo la afecta negativamente su privatización y extranjerización.

Paralelamente a la profundización de la crisis –cortes de gas con altas temperaturas e interrupciones en el servicio eléctrico – las ya señaladas ambiguas y esotéricas declaraciones oficiales, fueron mellando la decreciente credibilidad del Presidente, a pesar de que aun no se han trasladado a los precios la totalidad de los incrementos en el precio del gas y la electricidad y tampoco se han incrementado las tarifas domésticas, cosa que sucederá en los próximos meses.

La SEGUNDA PARTE del presente informe será dada a conocer en los próximos días. Estará referida a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en forma detallada, como por ejemplo ENARSA y el Plan Energético; también se analizan distintas opiniones, entre ellas, el Plan del Comité Nacional de la UCR.

El presente informe fue preparado por la Comisión especializada que funciona en el Instituto de la Energía y la Infraestructura de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz, que dirige el Cr. Gustavo A. Calleja
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