Gracias a la presión de millones de personas varias mujeres condenadas a morir lapidadas han sido liberadas. Ahora tenemos la oportunidad de que en Nigeria se adopte una moratoria para todas las ejecuciones, lo que podría significar un gran paso hacia el fin de este castigo. El más cruel, inhumano y degradante al que puede someterse a un ser humano. FIRMA AHORA!
LUCES Y SOMBRAS DE LA CIUDAD DE SANTA FE
Al cumplirse veinte meses de la inundación de Santa Fe, invitamos a toda la ciudadanía a participar del acto que se realizará en la Plaza de Mayo de nuestra ciudad , el miércoles 29 de diciembre. Participá llevando tu cartel .
Programa:
10 hs. Instalación de la Carpa Negra de la Dignidad y la Memoria en la Plaza de Mayo.
18 hs Concentración en Plaza de Mayo .
-INDEMNIZACIÓN INTEGRAL PARA TODOS LOS AFECTADOS
-JUICIO Y CÁRCEL A LOS RESPONSABLES.
-CONFISCACIÓN DE TODOS SUS BIENES
-JUSTICIA POR NUESTROS MUERTOS
ASAMBLEA PERMANENTE DE AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN
25 de Noviembre - Día Internacional por la No Violencia Contra Las Mujeres
¿La pasividad contemplativa es neutra cuando de violencia se trata?
Nuestra sociedad visibiliza con gran espectacularidad mediática, las violencias contra las mujeres de dos modos preferentemente: describiendo el hecho violento en sí, y/o supuestamente, buscando para enjuiciar al hipotético autor.
Habiéndose hecho ambas cosas miles y millones de veces, no hemos logrado revertir como sociedad que abyectos crímenes se sigan cometiendo. Es suficiente indagar en los medios de comunicación lo que ha sucedido solamente en Santa Fe durante este año para confirmar tal afirmación .
La Violencia contra las Mujeres se ejerce cotidianamente tanto en el ámbito publico como en el privado , en el interior de los hogares , en el trabajo o en el camino a cualquiera de estos lugares.
Muchas mujeres , victimas de agresiones , solicitan diariamente ayuda para poder revertir esta situación , que es cada vez mas difundida pero también , y paradójicamente cada vez mas ignorada .
Creemos que no basta con no ejercer la violencia. Es necesario que asumamos una actitud activa. Debemos denunciar al menor signo, debemos detectar, buscar como detectives los hechos de violencia o los previos a violencias graves. Si adoptamos una actitud de espectadores/ras NO estamos siendo buenas ciudadanas o ciudadanos.
¿Somos concientes de lo que involucra nuestra pasividad? ¿Somos concientes que hay un ejercicio de poder sobre ese hecho que no me compete?. Claramente ¿Ayudo con mi inacción a que la impunidad aumente?, ¿favorezco con mi actitud al violento?.
¿Cuán activos o activas somos cuando no pasamos al rol decisivo de la denuncia, del desenmascaramiento.?
Evidentemente no estamos trabajando en el camino de la exploración de nuestras congéneres , evidentemente es mas fácil no involucrarnos , no preguntar , mirar hacia el costado . .
Nos compadecemos cuando los hechos salieron a la luz, cuando ya hay cosas que lamentar y casi ninguna que evitar o atemperar. Pensemos que no basta nuestra pobre actitud de yo no hago o yo no haría eso. Mas bien tenemos que desarrollar formas para obrar activamente antes de que los hechos sucedan o al menos cuando estén en proceso de suceder cosas peores.
Sin dudas debemos reclamarle al Gobierno, a los y las representantes políticas publicas efectivas , sin embargo es necesario entender que: Nuestra pasividad es activa ayuda para los violentos. Por quienes no hacemos nada, los sujetos violentos siguen teniendo impunidad, terrenos liberados, gozan de discursos condescendientes.
Comencemos a pensar seriamente en que la actitud no violenta auxilia eficazmente por omisión a los violentos.
La no Violencia es un Desafió que contribuye a dignificarnos y dignificar a todos los seres humanos .
LA JR EN EL CONGRESO DOCTRINARIO
Exponemos a continuación el texto presentado ante la Secretaría del Congreso Doctrinario sobre "Políticas de Juventud".
Autor: Comité Nacional de la Juventud Radical
1 Acerca del Concepto de Juventud
1.1 - El concepto de Juventud se ha naturalizado como una mera cuestión biológica o de edad. Sin embargo, la Juventud como etapa de individualización social definida, no siempre existió. Se trata de un producto social contemporáneo, formado por el modelo urbano industrial que transformó las tradicionales relaciones existentes en la familia y el trabajo.
1.2 Previo a la irrupción del modelo de acumulación capitalista, la socialización de los individuos se daba en el seno de la familia. Desde entonces se lleva preponderantemente a cabo en el marco del proceso educativo, destinado a formar mano de obra clave para el nuevo modo productivo emergente basado en el capital intensivo, la tecnología compleja y la calificación laboral. Es recién a partir de la progresiva diferenciación de las sociedades capitalistas modernas, que se generaliza a la juventud como proceso social.
1.3 - En estas sociedades, las actividades de producción, económica, cultural y social, reclaman de un tiempo de formación prolongado, que se adquiere en las instituciones educativas para cumplir con las demandas sociales, particularmente en el mercado de trabajo. Se puede afirmar entonces, que la Juventud, en nuestras modernas sociedades industriales, es una condición sociocultural que se produce en el encuentro entre el tiempo de la educación y los requerimientos del mercado de trabajo. Institucionalizados ambos en el tiempo dan homogeneidad e identidad a esta condición llamada Juventud.
2 Acerca de la Situación de la Juventud en la Argentina.
2.1 En la Argentina de comienzos de siglo observamos como, por un lado, se achica el mercado de trabajo, reflejado en los inéditos índices de desocupación y trabajo precario, con alto impacto en las nuevas generaciones que pugnan por acceder a su primer empleo. Por otro lado, vemos crecer las cifras de deserción escolar, al tiempo que de la población escolarizada, observamos un porcentaje cada vez mayor de aquellos que no siguen el Polimodal después de la Educación General Básica. El resultado: cada vez más vastos sectores de jóvenes que no estudian ni trabajan.
2.2 Ello no es casual, sino consecuencia directa de la implementación en nuestro país durante la década de 1990, de las teorías económicas neoliberales. Fue entonces que la Argentina vivió una doble tragedia: Por un lado, la destrucción de la Educación Pública modelada por la Ley 1420, a partir de la sanción de las leyes Federal de Educación, y de Educación Superior. Por otra parte, la desarticulación del sistema productivo, el mercado interno y el sector público, expulsando a miles de argentinos del mercado de trabajo.
2.3 - Mientras en los países del Primer Mundo el problema es la fragmentación de sus juventudes y la pérdida de identidad por falta de homogeneidad, en nuestros países del Sur el problema es la polarización. Un 50% de jóvenes con escasa educación, y un 50% con niveles de instrucción y capacitación elevados. Los primeros con posibilidades cada vez más inciertas de conseguir empleo e independizarse; los segundos, con cada vez mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, que cada vez demanda más calificación para trabajos más escasos y menos remunerados.
2.4 Es obvio remarcar el lugar de abandono en que caen quienes son excluidos, y el caldo de cultivo de conductas que van desde pedir limosna al Estado a quebrar la ley para sobrevivir. Por otro lado, el otro sector que pugna con esfuerzo por incluirse, cada vez con menos posibilidades de éxito, privilegia su propia seguridad, al tiempo que ve como una amenaza el largo ejército de quienes no pueden acceder a los bienes mínimos. Un verdadero caldo de cultivo de relaciones xenófabas que proponen soluciones de menos a más autoritarias reduciendo los reclamos a demandas de más seguridad.
2.5 - Vivimos así una polarización social y cultural que introduce tensiones que minan la base del funcionamiento de las instituciones democráticas. En el caso de la Juventud, se trata de generaciones nacidas en el marco de la Democracia recuperada, así como también, en la época de empobrecimiento más brutal de toda la historia argentina. No resulta extraño entonces, que tengan dificultades para realizar una valoración positiva del sistema democrático, simplemente porque éste parece abandonarlos a su suerte y porque además no han vivido la tragedia autoritaria.
3 Acerca de la función social de la Juventud
3.1 - Las funciones que los jóvenes tienen en las complejas sociedades modernas son fundamentalmente dos: Por un lado la de reproducir las tradiciones, visiones, valores, modos de hacer, que hacen posible la continuidad de la sociedad misma. Por otro las juventudes representan el eslabón que toma esos elementos del pasado y los reproduce con formas y contenidos nuevos, permitiendo así que las sociedades progresen y se transformen. Son funciones duales y casi contradictorias que aseguran las continuidades y producen al mismo tiempo los cambios y las innovaciones.
3.2 Es por ello que una sociedad que no garantiza a sus jóvenes las condiciones necesarias que hacen posible la Juventud, es decir, la educación y capacitación necesaria para incorporarse al mundo del trabajo, están condenadas al atraso y a la decadencia futura.
4 - Acerca de una Política de Juventud
4.1 - Hay pocas dudas hoy en Argentina que los jóvenes pobres deben ser un grupo social prioritario de las políticas sociales porque allí se hallan algunas de las claves de un futuro del país. Estas políticas deben, a nuestro criterio responder a dos puntos de vista: su contribución a la equidad y su contribución a la integración social.
4.2 - Promovemos políticas de juventud que refuercen el protagonismo de los jóvenes, considerándolos actores, y desarrollando una estrategia de fortalecimiento individual y colectivo, escapando al mero asistencialismo, para cambiar el "les damos la palabra" a los jóvenes, por ellos toman la palabra.
4.3 - Las urgencias sociales que se proyectan sobre el horizonte de nuestro país plantean que es preciso atender necesidades cada vez mas básicas, y el enfoque asistencial pareciera prácticamente ineludible. Pero no debe perderse la meta de desarrollar una política social mas amplia, con vocación de creación de mayores oportunidades, acompañando un modelo económico- social mas inclusivo.
4.4 - El Radicalismo sostiene una mirada más global sobre la política pública de juventud, que sobrepase una visión particularizada, que avance en el proceso de pasar de la generación de programas sociales juveniles, a la construcción de una política. Ya se ha dicho demasiado: la suma de programas sociales no hacen una política.
4.5 - El principal objetivo de una política de la juventud es incrementar en los jóvenes la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno social para realizar proyectos personales. Es decir, debe procurarse el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez, la confianza en las instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz en ellas.
5 Decálogo de desafíos para una política de Juventud desde el Radicalismo.
5.1 - Primero: Sobre la noción de juventud. Dejar de concebir a los y las jóvenes bajo la noción de «joven problema y carenciado», visión que ha tendido a la generación de un determinado tipo de política de juventud de carácter compensatoria; para avanzar en la comprensión del mundo juvenil como un actor estratégico del desarrollo del país, al cual deben brindarse las oportunidades para acceder a ese estatus de manera universal y para todos los jóvenes.
5.2 - Segundo: Los jóvenes como sujetos de derecho. Íntimamente ligado al anterior, se precisa considerar a los jóvenes como sujetos de derecho pleno, no sólo como «beneficiarios» de ciertas prestaciones de la política pública; situación que requiere plasmarse en algún marco y/o instrumento jurídico/político que garantice el fomento y respeto de los derechos de los y las jóvenes. Puede ser una Ley de Juventud (como la Ley de la Juventud en Colombia, en 1997), un Estatuto (como el Estatuto de Crianza y Adolescencia en Brasil, en 1990), u otro instrumento similar.
5. 3 - Tercero: Las políticas de juventud deberían ser, entonces, integrales, en el sentido de procurar encarar la problemática juvenil en todos sus componentes y con una perspectiva de conjunto, en el marco de estrategias globales de desarrollo; específicas, en el sentido de responder con precisión a las múltiples aristas de dicha problemática, sin esquemas preconcebidos; concertadas, involucrando a todos aquellos sectores y actores relevantes en el dominio de la juventud; descentralizadas, brindando una fuerte prioridad a los esfuerzos en el plano local; participativas, criterio que implica necesariamente un gran protagonismo juvenil; y selectivas, priorizando fuertemente a los jóvenes del estrato popular urbano y rural, y a las mujeres jóvenes en particular.
5.4 - Cuarto: El «capital institucional» necesario. Para viabilizar una política de juventud, es imprescindible contar con un soporte institucional. Una política pública sin una institucionalidad consistente, se vuelve algo no sustentable en el tiempo. Se precisa avanzar en la construcción de «capital institucional» en materias de juventud, a todos los niveles de la institucionalidad pública y privada. Sean los organismos nacionales de juventud, los organismos Provinciales de juventud, los organismos locales de juventud a nivel municipal, los consejos de juventud en los diferentes niveles, y los organismos no gubernamentales dedicados a materias de juventud. En su conjunto estos organismos pueden generar una cierta «masa crítica» que permita avanzar en la construcción e implementación de una política genérica, como las específicas que se requieren para el abordamiento de la dimensión juvenil.
5.5 - Quinto: La generación de instrumentos. Nos encontramos con la necesidad de generar instrumentos a nivel de planes de acción, sean éstos de carácter nacional, Provincial y/o Municipal, que permitan operativizar una política de alcance territorial y sectorial.
5.6 - Sexto: El financiamiento necesario. Lo presupuestario no puede estar ausente al momento de implementar una política de juventud, cualquiera que sea el alcance que ésta pretenda.
5.7 - Séptimo: Un órgano rector y coordinador de la política.
5.8 - Octavo: Es preciso de parte del Estado y otros organismos, el dar «señales claras y precisas» que puedan incentivar y orientar a las personas que se desempeñan laboralmente en estas materias. Aquí vemos como una carencia que impacta en el ámbito de la institucionalidad en juventud, por lo que se hace necesario un Centro de Formación y/o un Instituto de Juventud, que ocupe este espacio y dé cuenta de la demanda de formación, capacitación y profesionalización de los agentes que trabajan en juventud.
5.9 - Noveno: La participación de los jóvenes. Potenciar procesos juveniles que tiendan al desarrollo y legitimidad de sus expresiones de participación, de generación de iniciativas, de agrupamiento, de representación formal e informal de los jóvenes, que los haga visibles; que les permita contar con espacios para ejercer sus demandas, y a su vez, el elevar su capacidad de interlocución con los actores y en temáticas que les son propias.
5.10 - Décimo: Una agenda pública y temática proritaria. Plantearse la interrogante sobre ¿cuáles debieran ser los ejes y prioridades de una agenda pública y temática en materias de juventud para los próximos años?
i) El mejoramiento de las condiciones de vida socio-estructurales (educación, trabajo y salud) y culturales de los jóvenes en situación de menor privilegio o con mayores desventajas sociales.
ii) El avanzar en aquellos «temas» de gran importancia subjetiva desde la óptica de los diferentes colectivos juveniles.
iii) El potenciar el tema de la participación social y política de los jóvenes en su calidad de ciudadanos.
iv) El apoyo al desarrollo de las culturas juveniles populares, es decir, de los colectivos juveniles con menos oportunidades.
v) A nivel de colectivos o segmentos específicos, una prioridad se constituye en las realidades que vivencian los jóvenes rurales populares y las mujeres jóvenes, dos segmentos olvidados y ausentes de la agenda programática hacia lo juvenil.
vi) Y de manera transversal, la potenciación de la participación juvenil en la prevención y enfrentamiento de los «riesgos en la sociedad actual», donde aparecen los consumos abusivos de ciertas drogas (legales o ilegales), los riesgos de optar por prácticas reñidas con la ética y la legalidad como vía de movilidad social ascendente, los riesgos en la práctica sexual sin los cuidados necesarios y responsables en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, los riesgos en cierto modo asociados al «estilo de vida juvenil», siendo uno de ellos las altas tasas de «accidentabilidad» juvenil (por ejemplo, los accidentes automovilísticos).
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE - 19.00
COMITE DEPARTAMENTAL
UNION CIVICA RADICAL
RIVADAVIA 2647
Los espacios públicos: suciedad, inseguridad y falta de controles.
Las plazas y los parques: tierra de nadie.
Ideas y propuestas para que un MUNICIPIO AUSENTE vuelva a estar al servicio de los vecinos.
Los invitamos a compartir algunas reflexiones e ideas acerca de la situación en la que se encuentran los espacios públicos de las ciudad.
Desde la Unión Cívica radical tenemos ideas, proyectos y propuestas para sacar a la ciudad de un estado de postración y abandono.
Pero necesitamos enriquecerlas con el aporte y la participación de los vecinos.
NUEVO ESPACIO RADICAL - LA CAPITAL
En noviembre de 1989 el Instituto de Economía Internacional convocó en Washington una conferencia sobre "El Ajuste en América Latina: ¿Cuánto ha sucedido?", en el que se pretendía establecer el estado del arte tanto de las políticas de ajuste como de las actitudes nacionales en relación a las reformas implicadas. John Williamson intentó un sumario de las coincidencias entre los presentes en la reunión que pronto devino un auténtico manifiesto para la reforma económica conocido como "el Consenso de Washington". Vale la pena exponerlo para no seguir suponiendo vaya usted a saber qué.
Sumario del Consenso de Washington de 1989
Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios deben ser suficientemente pequeños para poder financiarse sin recurrir a la inflación.
Prioridades del gasto público. El gasto público debería redireccionarse desde las áreas políticamente sensibles -que reciben más recursos de lo que su retorno puede justificar, tales como administración, defensa, subsidios indiscriminados, y elefantes blancos- hacia campos desconsiderados y con gran retorno económico y potencial de mejora de la distribución de la renta tales como salud y educación primaria e infraestructuras.
Reforma fiscal. La reforma fiscal exige ampliar la base fiscal y acortar las tasas impositivas marginales con la intención de mejorar los incentivos y la equidad horizontal sin disminuir la progresividad real. Mejorar la administración tributaria (incluida la tributación de los intereses de los activos situados en el extranjero) es un aspecto importante para ampliar la base tributaria en el contexto latinoamericano.
Liberalización financiera. Aunque el objetivo último es que el mercado determine la tasa de interés, como en condiciones de extrema y crónica falta de confianza estas tasas pueden ser tan altas que produzcan la insolvencia de las empresas y los gobiernos, el objetivo intermedio sensato es la abolición de las tasas de interés preferencial para los prestatarios privilegiados y el logro de una tasa de interés real moderadamente positiva.
Tasas de cambio. Los países necesitan una tasa de cambio (al menos para las transacciones comerciales) fijada a un nivel suficientemente competitivo para inducir un crecimiento rápido de las exportaciones no tradicionales y gestionado de forma tal que se asegure a los exportadores que su competitividad se mantendrá en el tiempo.
Liberalización comercial. Las restricciones comerciales cuantitativas deberían ser rápidamente reemplazadas por tarifas arancelarias que deberían irse progresivamente reduciendo hasta situarse en torno al 10 por ciento (o al 20 como máximo).
Inversión extranjera directa. Deben abolirse las barreras a la entrada de las empresas extranjeras; debe permitirse que éstas compitan con las nacionales en iguales términos.
Privatización. Las empresas del estado deben privatizarse.
Desregulación. Los gobiernos deben abolir las regulaciones que impiden la entrada de nuevas empresas o restringen la competencia, así como asegurar que las regulaciones existentes están justificadas por criterios tales como la salud, seguridad, protección ambiental o la supervisión prudencial de las instituciones financieras.
Derechos de propiedad. El sistema legal debería proveer derechos de propiedad seguros y sin costes excesivos y debería hacer accesibles tales derechos al sector informal.
John Williamson, 1990.
Últimamente el Consenso de Washington ha sido sometido a una fuerte revisión crítica. La más usual se ha centrado en sus contenidos o propuestas de reforma económica. Algunos han criticado las medidas en sí, otros por no ser suficientes o haberse interpretado ideológicamente. Las críticas han tendido a confundirse, además, con la constatación de que la aplicación práctica del recetario no ha producido los efectos económicos y sociales pretendidos, constituye un gran fracaso en conjunto y en algunos casos ha producido estropicios sociales.
Entre las críticas resulta significativa la autocrítica arrogante del propio John Williamson (2001), el cual, tras recordar el decálogo -¿por qué tanto empeño en hablar como Dios? reconoce que las consecuencias "han sido frustrantes, por decir lo menos, particularmente en términos de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza". Pero el fracaso para él no procede de las políticas recomendadas sino: (1) de que algunos países las adoptaron como una ideología (repárese que esta ideologización la atribuye al autor, no al Fondo Monetario Internacional, sino a los países como si éstos hubieran sido los decisores últimos); (2) de que hubo crisis muy duras, como la mejicana o la argentina, y no se dispuso de "una serie de orientaciones acerca de cómo las crisis pueden ser evitadas", y (3) de que las reformas propuestas despreciaron alguna reforma imprescindible como la del mercado de trabajo y dejaron de considerar otras como la generación de una institucionalidad fiscal que asegurara que los superávits de los buenos tiempos sirvieran para compensar los déficits de los malos. El autor acaba recomendando el fortalecimiento de las instituciones como tema a considerar en la que llama "segunda generación de reformas". Conviene advertir, desde este momento, que lo que este autor entiende por institución no tiene nada que ver con lo que desde el IIG se defiende. De hecho, si este autor hubiera entendido el concepto de institucionalidad política y su relación con las políticas públicas difícilmente hubiera podido defender el decálogo sin considerar las condiciones institucionales requeridas para su efectiva implementación. (Vid. http://www.iie.com/publications/papers/williamson1102.htm).
John Williamson no está solo. Otros "decalogadores" siguen el mismo camino. Para ellos el problema es que hay que completar las reformas del Consenso de Washington con las políticas de segunda generación. Ahí cargan de nuevo sus maletas con otras soluciones -también formuladas en decálogo claro- en busca de los problemas que ellos en parte provocaron. Nancy Birdsall y Augusto de la Torre, conmemorando los diez años del Consenso de Washington y para superar sus insuficiencias, han presentado uno (disciplina fiscal basada en reglas; reglas que aseguren que el ahorro en los buenos tiempos se aplicará a gasto en los malos, mitigando así las consecuencias de la volatilidad; redes sociales que se disparen automáticamente; escuelas para los pobres; gravar tributariamente a los ricos y gastar más en el resto; dar oportunidades a los pequeños negocios; proteger los derechos de los trabajadores; enfrentar abiertamente la discriminación; reformar los mercados de tierra; servicios públicos orientados a los consumidores). Los autores hasta se permiten la audacia de adicionar un mandamiento nuevo: "reducir el proteccionismo de los países ricos". Si se hace todo ello se promete el pío objetivo general de mejorar la equidad sin reducir el crecimiento. Pero ni una palabra acerca de la institucionalidad política necesaria para adoptar éstos u otros mejores mix de políticas. (Vid. N.Birdsall y A.de la Torre, 2001, Washington Contentious. Economic Policies for Social Equity in Latin America. Findings of the Comission on Economic Reform in Unequal Latin America Societies sponsored by the Carnegie Endowment for International Peace and the Inter-American Dialogue).
Recientemente Carlos Santiso ha revisado la literatura crítica del Consenso de Washington, subrayando su diversidad, y el dato del reconocimiento creciente de la necesidad de considerar la "economía política de las reformas económicas", en otras palabras, la viabilidad política de dichas reformas o las reformas políticas necesarias para la misma. ("The Contentious Washington Consensus: reforming the reforms in emerging markets", Review of International Political Economy, octubre 2004, 827-843). La política importa, parece seguirse descubriendo. Pero aquí nuestra ciencia reina de la economía está desnuda. ¿Qué hacer si resulta que las instituciones importan y que no pueden reformarse sino a través de la política, esa acción humana tan poco científica y de la que casi nada sabemos especialmente los economistas? El viejo North ya advirtió en su tiempo que una teoría económica que fuera capaz de comprender los procesos políticos sólo era una saber parcialmente válido para fundamentar políticas de desarrollo. Pero North es al fin y al cabo un historiador cuyos métodos no pueden compararse con los refinados modelos econométricos desplegados por la economía neoclásica, poco importa si resulten abstrusos, ahistóricos y asociales, sin tiempo ni lugar, o que expresen una visión reduccionista e ignorante del proceso político. Cuando accedemos que para establecer políticas de desarrollo es necesario conocer las estructuras sociales, políticas y culturales de un país específico, resulta que hay que ir al país no a colocar decálogos sino a aprender y ayudar el proceso nacional de aprendizaje que es el desarrollo. Esto representa mucha incomodidad para algunos.
La clave para evaluar el Consenso de Washington y para entender el desempeño de sus políticas u otras que en el futuro quieran emprenderse está en reconocer la importancia de las instituciones políticas efectivamente vigentes. De hecho, las instituciones políticas -las formales y las informales- son como la "fábrica social" productora de las políticas. Las instituciones en absoluto son políticamente neutras, es decir, capaces de procesar cualquier tipo de políticas. Contrariamente, especialmente en sociedades altamente desiguales, el particular equilibrio distributivo que las instituciones políticas expresan determina el ámbito y alcance de políticas públicas que son capaces de producir e implementar eficazmente.
No podemos seguir suponiendo que las políticas económicas son recomendadas desde la única lógica de la experticia técnica internacional y realizadas por unos políticos benevolente, omniscientes y omnipotentes como sucede cuando adoptamos una visión normativa de la política económica y achacamos sus problemas de implementación a la famosa "falta de capacidad técnica -que se suple con un puñado de consultores- o de voluntad política -que es la responsabilidad nacional-". Por el contrario, cuando reconocemos que toda propuesta de reforma es sólo el comienzo de un proceso que es político en todos sus estadios (legislación e implementación, incluido la opción por un tipo y otro de agencia administrativa y de su forma de operación) podemos aproximarnos más fecundamente a la realidad. Desde una perspectiva positiva, la política económica aparece como un juego dinámico, cuyas condiciones son inciertas y cambiantes y cuyas reglas son construidas al menos parcialmente por los participantes a medida que el juego avanza. Cada participante tratará de manipular la operación subsiguiente del juego para obtener el resultado que mejor se ajuste a sus intereses. Si se adopta esta sencilla perspectiva las instituciones pasan a cobrar un rol determinante para el entendimiento de la formulación y aplicación de las políticas.
Como ha señalado Dixit, desde esta perspectiva visionamos cada acto de política no como una elección hecha para maximizar una función social de bienestar sino como un episodio o jugada dentro de la serie de reglas e instituciones existentes pero admitiendo cierto margen de libertad para realizar movimientos estratégicos que son capaces de afectar o alterar las futuras reglas e instituciones. Desde esta misma perspectiva las constituciones e instituciones en general tampoco son vistas como textos sagrados escritos bajo condiciones ex ante ideales y de ausencia de conflicto, merecedoras de consenso unánime y proveedores del conjunto de reglas necesarias para la elaboración de los futuros actos de política. Contrariamente las instituciones se consideran como contratos incompletos que regulan un mundo cambiante y complejo y que contienen algunas previsiones sobre los procedimientos con el que trataremos contingencias imprevistas y que se halle n sujetos a enmiendas explícitas y a cambios implícitos producidos por actos de política (Dixit, A.K., 1996, The Making of Economic Policy. A Transaction-Cost Politics Perspective. Cambridge, Mass.: The MIT Press, p.30-31.)
Los supuestos intelectuales del Consenso de Washington habían seguido fieles al racionalismo instrumental que acompañó la teoría y práctica del desarrollo desde sus inicios. Se trataba de empaquetar conforme a la mejor teoría económica prevaleciente en el momento un mix de políticas de pretendido valor universal implantables urbi et orbe por autoridades dotadas de la suficiente voluntad política, gracias a la represión si fuera necesario, y de la suficiente ciencia, gracias a los consultores internacionales "golondrinos" aportados por las agencias internacionales. Nuevamente la fe ciega en la ciencia, unida a la idea de progreso a la occidental como valor universal y a la falta de conciencia de los límites intelectuales propios y de la acción colectiva en cada país iban a producir resultados calamitosos.
Algunos estudiosos observan irónicamente que de haberse seguido el catecismo Washington ni Alemania ni los propios Estados Unidos hubieran podido industrializarse jamás. Lo más llamativo con todo es la fuerza y convicción con que tales políticas trataron de imponerse por las instituciones financieras internacionales sobre todo cuando se las contrasta con la tolerancia y permisividad con que vieron su perversión práctica en el proceso político especialmente latinoamericano. Las consecuencias han sido por lo general dramáticas. A la vieja cuestión social, desgarradora desde siempre en América Latina, se añadió lo que Louis Emmerij ha llamado "la nueva cuestión social". Toda una región ha sido puesta en riesgo de fragmentación.
Como casi siempre sucede, entre los más victimados se encuentran quienes siguieron más fervientemente la doctrina, es decir, pensaron menos por su propia cuenta. El caso de los países de la ex Unión Soviética resulta tan lacerante como grotesco. El PIB de la Federación Rusa se ha reducido en un tercio y su fragmentación, conflictividad y desigualdades sociales ya emulan las peores de las nuestras. A diferencia de América Latina, en la Europa del Este y la antigua Unión Soviética no faltaba conciencia de la importancia de las instituciones y la legalidad para la generación y asentamiento de una economía capitalista de mercado. Había plena conciencia de que el estado de derecho no sólo exigía reconocimiento y respeto de los derechos civiles y políticos, sino que éstos sólo podían afirmarse sobre un tejido económico asimismo fundado en el estado de derecho para la economía. Sin embargo, todo este clima intelectual se disolvió en cuanto las reformas se pusieron en marcha. Prevaleció el cálculo de los beneficios políticos derivables a corto plazo de las terapias de choque y de los bing bangs económicos. Resultó pasado de moda invocar -como seguían haciendo personalidades académicas tan destacadas como Douglas North o Mancur Olson- que sin reformas institucionales las privatizaciones y las liberalizaciones traerían invitados inesperados quizás horribles y que los equilibrios macroeconómicos estarían siempre en precario. Prevaleció la opinión de jóvenes académicos, nuevos políticos reformistas y funcionarios de las instituciones financieras internacionales, según la cual la reforma institucional correspondía a la segunda fase reformista. Lipton y Sachs, Fisher y Gelb, Blanchard, Froot y Sachs produjeron algunos de los posicionamientos más influyentes de su tiempo: en todos ellos se desenfatizaba la reforma institucional. La tesis de la secuenciación de las reformas con la postergación de la reforma institucional para cuando las terapias de choque ya hubieran producido actores y coaliciones capaces de implantarlas se oficializó en el Informe de Desarrollo del Banco Mundial para 1996 "Del Plan al Mercado". La verdad es que el único cambio institucional exitoso fue el desmonte del viejo régimen. Por lo que se refiere al nuevo la Federación Rusa se ha quedado sin plan y sin mercado y los actores emergidos sin constricciones institucionales han creado poderosas coaliciones que hoy se amparan en una institucionalidad informal corrupta que impide la emergencia de las instituciones de la democracia y el mercado. Todo un record.
Los mediocres resultados económicos obtenidos y los estropicios sociales causados por esta aproximación contrastan dramáticamente con los resultados más positivos de los países que creyeron que no existía solución preestablecida e iniciaron su propio camino de aprendizaje. En primer lugar, merecen destacarse los países del Sudeste Asiático, donde el factor institucional resulta sólidamente explicativo tanto de su desarrollo como de la crisis financiera vivida y de las salidas a la misma. La clave del éxito de estos países no se encuentra tanto en la combinación de políticas que aplicaron sino en la capacidad institucional de sus estados para formular e implementar coherente y sostenidamente en el tiempo tales políticas, zafándose de las presiones capturadoras y patrimonializadoras de potentes grupos de interés. La autonomía y la capacidad del estado -asegurada por una burocracia legal de tipo weberiano- fue una de las claves del éxito no sólo económico sino también social de estos países.
El caso que muestra mayor desviación de los supuestos del consenso de Washington ha sido precisamente el más exitoso hasta hoy: la transición de China -aún en proceso- desde una economía estatista a una economía de mercado, bajo la conducción de un partido comunista que ha inscrito en la última reforma constitucional de abril de 1999 la economía de mercado y el estado de derecho para la economía como pilares y valores fundamentales orientadores del nuevo orden institucional. El éxito innegable de China que, de mantener las tasas actuales de crecimiento, podría convertirse en veinte años en la primera economía del mundo, contrasta con el fracaso de la reforma rusa que arrastra graves riesgos para la gobernabilidad mundial, y plantea cuestiones interesantísimas sobre el rol del estado en la construcción de los mercados. La clave explicativa del éxito parece estar en que los reformistas chinos siempre acompañaron las reformas económicas con reformas institucionales capaces de generar un sistema de derechos de propiedad no muy sofisticado pero eficaz, claramente reductor de costes de transacción y evolutivo hacia formas institucionales crecientemente sofisticadas.
El Consenso de Washington ha muerto. Pero los "decalagodores" siguen vivos con muchas ganas de pontificar y pocas de vivir las realidades sobre las que pontifican. Afortunadamente los nuevos actores emergentes en toda la región no les prestan mucha atención. Saben que mantener la prudencia macroeconómica y fiscal es necesario, pero también que el cómo producir crecimiento con equidad no se puede encontrar en recetarios importados. Tienen que buscar en su propia realidad, incluido el contexto internacional, vigorizar sus propias fuerzas y encontrar sus propios caminos. Comprenden lo que señaló el Premio Nobel Gao Xingjian "hay que vivir sin "ismos" porque en la búsqueda de la verdad vale más seguir el propio camino que la ruta tortuosa marcada por otros".
No hay alternativa al Consenso de Washington. Buscarla es sembrar en estéril arena. Estamos solos frente al desafío del desarrollo. Recuperemos la soberanía pues no hay demiurgos externos. Atrevámonos. Hagamos Política.
Joan Prats - revista GOBERNANZA
El próximo martes 19 de octubre se cumple un nuevo aniversario del secuestro seguido de muerte de Mario Abel Amaya, militante radical.
Amaya, abogado, ocupó el cargo de Diputado Nacional y estuvo siempre comprometido con los ideales de la libertad. Esta característica fue la impronta que lo marcó para siempre, especialmente cuando formó parte de los hechos ocurridos en Trelew en agosto de 1972.
Mario Abel Amaya fallece en la cárcel de Devoto, Capital Federal, debido a los tormentos sufridos a manos de sicarios del dictador Videla
Los jóvenes radicales no nos olvidamos de los militantes que entregaron su vida a costa de defender sus ideales y convicciones y por eso queremos rendirle este sentido homenaje.
A continuación transcribimos un extracto del informe de la Conadep que forma parte del libro Nunca Más.
Entre los «arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional» podemos citar dos casos extremos, signados por la más absoluta arbitrariedad, en los cuales el decreto colocándolos en tal situación fue precedido por el secuestro y desaparición de los detenidos y continuó con la muerte de uno de ellos.
Los legisladores nacionales Dres. Hipolito Solari Irigoyen y Mario Abel Amaya habían cesado en sus cargos al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pero mantenían su alta representatividad política e investían la calidad de abogados defensores con amplia tradición en el patrocinio a detenidos políticos. EI Dr. Solari Irigoyen había sido profesor universitario y tomó a su cargo frecuentes denuncias en el seno del Parlamento sobre casos de arbitrariedad policial y tormentos a prisioneros, antecedentes estos últimos similares a los del Dr. Amaya. Ambos fueron secuestrados el 17 de agosto de 1976 y alojados en el Regimiento 181 de Comunicaciones de Bahía Blanca, donde les aplican crueles tommentos. El día 30 de agosto de 1976, al cabo de un pedido formulado al Gobiemo argentino por la Comisión Eteramericana de Derechos Humanos, son trasladados hacia la ciudad de Viedma donde los arrojan al costado del camino. Allí recoge sus cuerpos de inmediato un móvil policial.
Curiosamente, el Gobiemo publicó la versión de que el vehículo policial protagonizó un denso intercambio de dispuos con el «coche secuestrador», logrando por fin la recuperación de las víctimas. Los Dres. Solari Irigoyen y Amaya declaran en seguida que no escucharon jamás detonación alguna por disparos.
A partir de ese momento, pasan a investir el carácter de «detenidos legales» y para legitimar todo el siniestro procedimiento se los acusa de «vinculaciones con actividades subversivas» y se los coloca en arresto a disposición del Poder Ejecutivo por Decreto N° 1831/76. Son llevados el 11-6-76 al Penal de Rawson, y al ingresar al mismo reciben una tremenda golpiza que al Dr. Amaya afecta ya irreversiblemente, al grado que, frente al drástico empeoramiento se resuelve a los pocos días conducirlo al Hospital Penitenciario Central - Cárcel de Devoto, Capital Federal - , donde se apaga su vida el día 19 de octubre de 1976. El Dr. Solari Irigoyen quedó encarcelado en Rawson, hasta que al cabo de nueve meses es autorizado a abandonar el territorio argentino - virtual expulsión - según decreto presidencial N° 1098/77.
Federación de Box - 6 de octubre de 2004