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Políticas de la Juventud

LA JR EN EL CONGRESO DOCTRINARIO

Exponemos a continuación el texto presentado ante la Secretaría del Congreso Doctrinario sobre "Políticas de Juventud".

Autor: Comité Nacional de la Juventud Radical

1 – Acerca del Concepto de Juventud

1.1 - El concepto de Juventud se ha naturalizado como una mera cuestión biológica o de edad. Sin embargo, la “Juventud” como etapa de individualización social definida, no siempre existió. Se trata de un producto social contemporáneo, formado por el modelo urbano industrial que transformó las tradicionales relaciones existentes en la familia y el trabajo.

1.2 – Previo a la irrupción del modelo de acumulación capitalista, la socialización de los individuos se daba en el seno de la familia. Desde entonces se lleva preponderantemente a cabo en el marco del proceso educativo, destinado a formar mano de obra clave para el nuevo modo productivo emergente basado en el capital intensivo, la tecnología compleja y la calificación laboral. Es recién a partir de la progresiva diferenciación de las sociedades capitalistas modernas, que se generaliza a la juventud como proceso social.

1.3 - En estas sociedades, las actividades de producción, económica, cultural y social, reclaman de un tiempo de formación prolongado, que se adquiere en las instituciones educativas para cumplir con las demandas sociales, particularmente en el mercado de trabajo. Se puede afirmar entonces, que la Juventud, en nuestras modernas sociedades industriales, es una condición sociocultural que se produce en el encuentro entre el tiempo de la educación y los requerimientos del mercado de trabajo. Institucionalizados ambos en el tiempo dan homogeneidad e identidad a esta condición llamada Juventud.

2 – Acerca de la Situación de la Juventud en la Argentina.

2.1 – En la Argentina de comienzos de siglo observamos como, por un lado, se achica el mercado de trabajo, reflejado en los inéditos índices de desocupación y trabajo precario, con alto impacto en las nuevas generaciones que pugnan por acceder a su primer empleo. Por otro lado, vemos crecer las cifras de deserción escolar, al tiempo que de la población escolarizada, observamos un porcentaje cada vez mayor de aquellos que no siguen el Polimodal después de la Educación General Básica. El resultado: cada vez más vastos sectores de jóvenes que no estudian ni trabajan.

2.2 – Ello no es casual, sino consecuencia directa de la implementación en nuestro país durante la década de 1990, de las teorías económicas neoliberales. Fue entonces que la Argentina vivió una doble tragedia: Por un lado, la destrucción de la Educación Pública modelada por la Ley 1420, a partir de la sanción de las leyes Federal de Educación, y de Educación Superior. Por otra parte, la desarticulación del sistema productivo, el mercado interno y el sector público, expulsando a miles de argentinos del mercado de trabajo.

2.3 - Mientras en los países del Primer Mundo el problema es la fragmentación de sus juventudes y la pérdida de identidad por falta de homogeneidad, en nuestros países del Sur el problema es la polarización. Un 50% de jóvenes con escasa educación, y un 50% con niveles de instrucción y capacitación elevados. Los primeros con posibilidades cada vez más inciertas de conseguir empleo e independizarse; los segundos, con cada vez mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, que cada vez demanda más calificación para trabajos más escasos y menos remunerados.

2.4 – Es obvio remarcar el lugar de abandono en que caen quienes son excluidos, y el caldo de cultivo de conductas que van desde pedir limosna al Estado a quebrar la ley para sobrevivir. Por otro lado, el otro sector que pugna con esfuerzo por incluirse, cada vez con menos posibilidades de éxito, privilegia su propia seguridad, al tiempo que ve como una amenaza el largo ejército de quienes no pueden acceder a los bienes mínimos. Un verdadero caldo de cultivo de relaciones xenófabas que proponen soluciones de menos a más autoritarias reduciendo los reclamos a demandas de más seguridad.

2.5 - Vivimos así una polarización social y cultural que introduce tensiones que minan la base del funcionamiento de las instituciones democráticas. En el caso de la Juventud, se trata de generaciones nacidas en el marco de la Democracia recuperada, así como también, en la época de empobrecimiento más brutal de toda la historia argentina. No resulta extraño entonces, que tengan dificultades para realizar una valoración positiva del sistema democrático, simplemente porque éste parece abandonarlos a su suerte y porque además no han vivido la tragedia autoritaria.

3 – Acerca de la “función social de la Juventud”

3.1 - Las funciones que los jóvenes tienen en las complejas sociedades modernas son fundamentalmente dos: Por un lado la de reproducir las tradiciones, visiones, valores, modos de hacer, que hacen posible la continuidad de la sociedad misma. Por otro las juventudes representan el eslabón que toma esos elementos del pasado y los reproduce con formas y contenidos nuevos, permitiendo así que las sociedades progresen y se transformen. Son funciones duales y casi contradictorias que aseguran las continuidades y producen al mismo tiempo los cambios y las innovaciones.

3.2 – Es por ello que una sociedad que no garantiza a sus jóvenes las condiciones necesarias que hacen posible la Juventud, es decir, la educación y capacitación necesaria para incorporarse al mundo del trabajo, están condenadas al atraso y a la decadencia futura.

4 - Acerca de una Política de Juventud

4.1 - Hay pocas dudas hoy en Argentina que los jóvenes pobres deben ser un grupo social prioritario de las políticas sociales porque allí se hallan algunas de las claves de un futuro del país. Estas políticas deben, a nuestro criterio responder a dos puntos de vista: su contribución a la equidad y su contribución a la integración social.

4.2 - Promovemos políticas de juventud que refuercen el protagonismo de los jóvenes, considerándolos actores, y desarrollando una estrategia de fortalecimiento individual y colectivo, escapando al mero asistencialismo, para cambiar el "les damos la palabra" a los jóvenes, por “ellos toman la palabra”.

4.3 - Las urgencias sociales que se proyectan sobre el horizonte de nuestro país plantean que es preciso atender necesidades cada vez mas básicas, y el enfoque asistencial pareciera prácticamente ineludible. Pero no debe perderse la meta de desarrollar una política social mas amplia, con vocación de creación de mayores oportunidades, acompañando un modelo económico- social mas inclusivo.

4.4 - El Radicalismo sostiene una mirada más global sobre la política pública de juventud, que sobrepase una visión particularizada, que avance en el proceso de pasar de la generación de programas sociales juveniles, a la construcción de una política. Ya se ha dicho demasiado: la suma de programas sociales no hacen una política.

4.5 - El principal objetivo de una política de la juventud es incrementar en los jóvenes la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno social para realizar proyectos personales. Es decir, debe procurarse el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez, la confianza en las instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz en ellas.

5 – Decálogo de desafíos para una política de Juventud desde el Radicalismo.

5.1 - Primero: Sobre la noción de juventud. Dejar de concebir a los y las jóvenes bajo la noción de «joven problema y carenciado», visión que ha tendido a la generación de un determinado tipo de política de juventud de carácter compensatoria; para avanzar en la comprensión del mundo juvenil como un actor estratégico del desarrollo del país, al cual deben brindarse las oportunidades para acceder a ese estatus de manera universal y para todos los jóvenes.

5.2 - Segundo: Los jóvenes como sujetos de derecho. Íntimamente ligado al anterior, se precisa considerar a los jóvenes como sujetos de derecho pleno, no sólo como «beneficiarios» de ciertas prestaciones de la política pública; situación que requiere plasmarse en algún marco y/o instrumento jurídico/político que garantice el fomento y respeto de los derechos de los y las jóvenes. Puede ser una Ley de Juventud (como la Ley de la Juventud en Colombia, en 1997), un Estatuto (como el Estatuto de Crianza y Adolescencia en Brasil, en 1990), u otro instrumento similar.

5. 3 - Tercero: Las políticas de juventud deberían ser, entonces, integrales, en el sentido de procurar encarar la problemática juvenil en todos sus componentes y con una perspectiva de conjunto, en el marco de estrategias globales de desarrollo; específicas, en el sentido de responder con precisión a las múltiples aristas de dicha problemática, sin esquemas preconcebidos; concertadas, involucrando a todos aquellos sectores y actores relevantes en el dominio de la juventud; descentralizadas, brindando una fuerte prioridad a los esfuerzos en el plano local; participativas, criterio que implica necesariamente un gran protagonismo juvenil; y selectivas, priorizando fuertemente a los jóvenes del estrato popular urbano y rural, y a las mujeres jóvenes en particular.

5.4 - Cuarto: El «capital institucional» necesario. Para viabilizar una política de juventud, es imprescindible contar con un soporte institucional. Una política pública sin una institucionalidad consistente, se vuelve algo no sustentable en el tiempo. Se precisa avanzar en la construcción de «capital institucional» en materias de juventud, a todos los niveles de la institucionalidad pública y privada. Sean los organismos nacionales de juventud, los organismos Provinciales de juventud, los organismos locales de juventud a nivel municipal, los consejos de juventud en los diferentes niveles, y los organismos no gubernamentales dedicados a materias de juventud. En su conjunto estos organismos pueden generar una cierta «masa crítica» que permita avanzar en la construcción e implementación de una política genérica, como las específicas que se requieren para el abordamiento de la dimensión juvenil.

5.5 - Quinto: La generación de instrumentos. Nos encontramos con la necesidad de generar instrumentos a nivel de planes de acción, sean éstos de carácter nacional, Provincial y/o Municipal, que permitan operativizar una política de alcance territorial y sectorial.

5.6 - Sexto: El financiamiento necesario. Lo presupuestario no puede estar ausente al momento de implementar una política de juventud, cualquiera que sea el alcance que ésta pretenda.

5.7 - Séptimo: Un órgano rector y coordinador de la política.

5.8 - Octavo: Es preciso de parte del Estado y otros organismos, el dar «señales claras y precisas» que puedan incentivar y orientar a las personas que se desempeñan laboralmente en estas materias. Aquí vemos como una carencia que impacta en el ámbito de la institucionalidad en juventud, por lo que se hace necesario un Centro de Formación y/o un Instituto de Juventud, que ocupe este espacio y dé cuenta de la demanda de formación, capacitación y profesionalización de los agentes que trabajan en juventud.

5.9 - Noveno: La participación de los jóvenes. Potenciar procesos juveniles que tiendan al desarrollo y legitimidad de sus expresiones de participación, de generación de iniciativas, de agrupamiento, de representación formal e informal de los jóvenes, que los haga visibles; que les permita contar con espacios para ejercer sus demandas, y a su vez, el elevar su capacidad de interlocución con los actores y en temáticas que les son propias.

5.10 - Décimo: Una agenda pública y temática proritaria. Plantearse la interrogante sobre ¿cuáles debieran ser los ejes y prioridades de una agenda pública y temática en materias de juventud para los próximos años?

i) El mejoramiento de las condiciones de vida socio-estructurales (educación, trabajo y salud) y culturales de los jóvenes en situación de menor privilegio o con mayores desventajas sociales.

ii) El avanzar en aquellos «temas» de gran importancia subjetiva desde la óptica de los diferentes colectivos juveniles.

iii) El potenciar el tema de la participación social y política de los jóvenes en su calidad de ciudadanos.

iv) El apoyo al desarrollo de las culturas juveniles populares, es decir, de los colectivos juveniles con menos oportunidades.

v) A nivel de colectivos o segmentos específicos, una prioridad se constituye en las realidades que vivencian los jóvenes rurales populares y las mujeres jóvenes, dos segmentos olvidados y ausentes de la agenda programática hacia lo juvenil.

vi) Y de manera transversal, la potenciación de la participación juvenil en la prevención y enfrentamiento de los «riesgos en la sociedad actual», donde aparecen los consumos abusivos de ciertas drogas (legales o ilegales), los riesgos de optar por prácticas reñidas con la ética y la legalidad como vía de movilidad social ascendente, los riesgos en la práctica sexual sin los cuidados necesarios y responsables en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, los riesgos en cierto modo asociados al «estilo de vida juvenil», siendo uno de ellos las altas tasas de «accidentabilidad» juvenil (por ejemplo, los accidentes automovilísticos).

Atrevámonos. Hagamos política

En noviembre de 1989 el Instituto de Economía Internacional convocó en Washington una conferencia sobre "El Ajuste en América Latina: ¿Cuánto ha sucedido?", en el que se pretendía establecer el estado del arte tanto de las políticas de ajuste como de las actitudes nacionales en relación a las reformas implicadas. John Williamson intentó un sumario de las coincidencias entre los presentes en la reunión que pronto devino un auténtico manifiesto para la reforma económica conocido como "el Consenso de Washington". Vale la pena exponerlo para no seguir suponiendo vaya usted a saber qué.

Sumario del Consenso de Washington de 1989

Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios deben ser suficientemente pequeños para poder financiarse sin recurrir a la inflación.

Prioridades del gasto público. El gasto público debería redireccionarse desde las áreas políticamente sensibles -que reciben más recursos de lo que su retorno puede justificar, tales como administración, defensa, subsidios indiscriminados, y elefantes blancos- hacia campos desconsiderados y con gran retorno económico y potencial de mejora de la distribución de la renta tales como salud y educación primaria e infraestructuras.

Reforma fiscal. La reforma fiscal exige ampliar la base fiscal y acortar las tasas impositivas marginales con la intención de mejorar los incentivos y la equidad horizontal sin disminuir la progresividad real. Mejorar la administración tributaria (incluida la tributación de los intereses de los activos situados en el extranjero) es un aspecto importante para ampliar la base tributaria en el contexto latinoamericano.

Liberalización financiera. Aunque el objetivo último es que el mercado determine la tasa de interés, como en condiciones de extrema y crónica falta de confianza estas tasas pueden ser tan altas que produzcan la insolvencia de las empresas y los gobiernos, el objetivo intermedio sensato es la abolición de las tasas de interés preferencial para los prestatarios privilegiados y el logro de una tasa de interés real moderadamente positiva.

Tasas de cambio. Los países necesitan una tasa de cambio (al menos para las transacciones comerciales) fijada a un nivel suficientemente competitivo para inducir un crecimiento rápido de las exportaciones no tradicionales y gestionado de forma tal que se asegure a los exportadores que su competitividad se mantendrá en el tiempo.

Liberalización comercial. Las restricciones comerciales cuantitativas deberían ser rápidamente reemplazadas por tarifas arancelarias que deberían irse progresivamente reduciendo hasta situarse en torno al 10 por ciento (o al 20 como máximo).

Inversión extranjera directa. Deben abolirse las barreras a la entrada de las empresas extranjeras; debe permitirse que éstas compitan con las nacionales en iguales términos.

Privatización. Las empresas del estado deben privatizarse.

Desregulación. Los gobiernos deben abolir las regulaciones que impiden la entrada de nuevas empresas o restringen la competencia, así como asegurar que las regulaciones existentes están justificadas por criterios tales como la salud, seguridad, protección ambiental o la supervisión prudencial de las instituciones financieras.

Derechos de propiedad. El sistema legal debería proveer derechos de propiedad seguros y sin costes excesivos y debería hacer accesibles tales derechos al sector informal.

John Williamson, 1990.



Últimamente el Consenso de Washington ha sido sometido a una fuerte revisión crítica. La más usual se ha centrado en sus contenidos o propuestas de reforma económica. Algunos han criticado las medidas en sí, otros por no ser suficientes o haberse interpretado ideológicamente. Las críticas han tendido a confundirse, además, con la constatación de que la aplicación práctica del recetario no ha producido los efectos económicos y sociales pretendidos, constituye un gran fracaso en conjunto y en algunos casos ha producido estropicios sociales.

Entre las críticas resulta significativa la autocrítica arrogante del propio John Williamson (2001), el cual, tras recordar el decálogo -¿por qué tanto empeño en hablar como Dios? reconoce que las consecuencias "han sido frustrantes, por decir lo menos, particularmente en términos de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza". Pero el fracaso para él no procede de las políticas recomendadas sino: (1) de que algunos países las adoptaron como una ideología (repárese que esta ideologización la atribuye al autor, no al Fondo Monetario Internacional, sino a los países como si éstos hubieran sido los decisores últimos); (2) de que hubo crisis muy duras, como la mejicana o la argentina, y no se dispuso de "una serie de orientaciones acerca de cómo las crisis pueden ser evitadas", y (3) de que las reformas propuestas despreciaron alguna reforma imprescindible como la del mercado de trabajo y dejaron de considerar otras como la generación de una institucionalidad fiscal que asegurara que los superávits de los buenos tiempos sirvieran para compensar los déficits de los malos. El autor acaba recomendando el fortalecimiento de las instituciones como tema a considerar en la que llama "segunda generación de reformas". Conviene advertir, desde este momento, que lo que este autor entiende por institución no tiene nada que ver con lo que desde el IIG se defiende. De hecho, si este autor hubiera entendido el concepto de institucionalidad política y su relación con las políticas públicas difícilmente hubiera podido defender el decálogo sin considerar las condiciones institucionales requeridas para su efectiva implementación. (Vid. http://www.iie.com/publications/papers/williamson1102.htm).

John Williamson no está solo. Otros "decalogadores" siguen el mismo camino. Para ellos el problema es que hay que completar las reformas del Consenso de Washington con las políticas de segunda generación. Ahí cargan de nuevo sus maletas con otras soluciones -también formuladas en decálogo claro- en busca de los problemas que ellos en parte provocaron. Nancy Birdsall y Augusto de la Torre, conmemorando los diez años del Consenso de Washington y para superar sus insuficiencias, han presentado uno (disciplina fiscal basada en reglas; reglas que aseguren que el ahorro en los buenos tiempos se aplicará a gasto en los malos, mitigando así las consecuencias de la volatilidad; redes sociales que se disparen automáticamente; escuelas para los pobres; gravar tributariamente a los ricos y gastar más en el resto; dar oportunidades a los pequeños negocios; proteger los derechos de los trabajadores; enfrentar abiertamente la discriminación; reformar los mercados de tierra; servicios públicos orientados a los consumidores). Los autores hasta se permiten la audacia de adicionar un mandamiento nuevo: "reducir el proteccionismo de los países ricos". Si se hace todo ello se promete el pío objetivo general de mejorar la equidad sin reducir el crecimiento. Pero ni una palabra acerca de la institucionalidad política necesaria para adoptar éstos u otros mejores mix de políticas. (Vid. N.Birdsall y A.de la Torre, 2001, Washington Contentious. Economic Policies for Social Equity in Latin America. Findings of the Comission on Economic Reform in Unequal Latin America Societies sponsored by the Carnegie Endowment for International Peace and the Inter-American Dialogue).

Recientemente Carlos Santiso ha revisado la literatura crítica del Consenso de Washington, subrayando su diversidad, y el dato del reconocimiento creciente de la necesidad de considerar la "economía política de las reformas económicas", en otras palabras, la viabilidad política de dichas reformas o las reformas políticas necesarias para la misma. ("The Contentious Washington Consensus: reforming the reforms in emerging markets", Review of International Political Economy, octubre 2004, 827-843). La política importa, parece seguirse descubriendo. Pero aquí nuestra ciencia reina de la economía está desnuda. ¿Qué hacer si resulta que las instituciones importan y que no pueden reformarse sino a través de la política, esa acción humana tan poco científica y de la que casi nada sabemos especialmente los economistas? El viejo North ya advirtió en su tiempo que una teoría económica que fuera capaz de comprender los procesos políticos sólo era una saber parcialmente válido para fundamentar políticas de desarrollo. Pero North es al fin y al cabo un historiador cuyos métodos no pueden compararse con los refinados modelos econométricos desplegados por la economía neoclásica, poco importa si resulten abstrusos, ahistóricos y asociales, sin tiempo ni lugar, o que expresen una visión reduccionista e ignorante del proceso político. Cuando accedemos que para establecer políticas de desarrollo es necesario conocer las estructuras sociales, políticas y culturales de un país específico, resulta que hay que ir al país no a colocar decálogos sino a aprender y ayudar el proceso nacional de aprendizaje que es el desarrollo. Esto representa mucha incomodidad para algunos.

La clave para evaluar el Consenso de Washington y para entender el desempeño de sus políticas u otras que en el futuro quieran emprenderse está en reconocer la importancia de las instituciones políticas efectivamente vigentes. De hecho, las instituciones políticas -las formales y las informales- son como la "fábrica social" productora de las políticas. Las instituciones en absoluto son políticamente neutras, es decir, capaces de procesar cualquier tipo de políticas. Contrariamente, especialmente en sociedades altamente desiguales, el particular equilibrio distributivo que las instituciones políticas expresan determina el ámbito y alcance de políticas públicas que son capaces de producir e implementar eficazmente.

No podemos seguir suponiendo que las políticas económicas son recomendadas desde la única lógica de la experticia técnica internacional y realizadas por unos políticos benevolente, omniscientes y omnipotentes como sucede cuando adoptamos una visión normativa de la política económica y achacamos sus problemas de implementación a la famosa "falta de capacidad técnica -que se suple con un puñado de consultores- o de voluntad política -que es la responsabilidad nacional-". Por el contrario, cuando reconocemos que toda propuesta de reforma es sólo el comienzo de un proceso que es político en todos sus estadios (legislación e implementación, incluido la opción por un tipo y otro de agencia administrativa y de su forma de operación) podemos aproximarnos más fecundamente a la realidad. Desde una perspectiva positiva, la política económica aparece como un juego dinámico, cuyas condiciones son inciertas y cambiantes y cuyas reglas son construidas al menos parcialmente por los participantes a medida que el juego avanza. Cada participante tratará de manipular la operación subsiguiente del juego para obtener el resultado que mejor se ajuste a sus intereses. Si se adopta esta sencilla perspectiva las instituciones pasan a cobrar un rol determinante para el entendimiento de la formulación y aplicación de las políticas.

Como ha señalado Dixit, desde esta perspectiva visionamos cada acto de política no como una elección hecha para maximizar una función social de bienestar sino como un episodio o jugada dentro de la serie de reglas e instituciones existentes pero admitiendo cierto margen de libertad para realizar movimientos estratégicos que son capaces de afectar o alterar las futuras reglas e instituciones. Desde esta misma perspectiva las constituciones e instituciones en general tampoco son vistas como textos sagrados escritos bajo condiciones ex ante ideales y de ausencia de conflicto, merecedoras de consenso unánime y proveedores del conjunto de reglas necesarias para la elaboración de los futuros actos de política. Contrariamente las instituciones se consideran como contratos incompletos que regulan un mundo cambiante y complejo y que contienen algunas previsiones sobre los procedimientos con el que trataremos contingencias imprevistas y que se halle n sujetos a enmiendas explícitas y a cambios implícitos producidos por actos de política (Dixit, A.K., 1996, The Making of Economic Policy. A Transaction-Cost Politics Perspective. Cambridge, Mass.: The MIT Press, p.30-31.)

Los supuestos intelectuales del Consenso de Washington habían seguido fieles al racionalismo instrumental que acompañó la teoría y práctica del desarrollo desde sus inicios. Se trataba de empaquetar conforme a la mejor teoría económica prevaleciente en el momento un mix de políticas de pretendido valor universal implantables urbi et orbe por autoridades dotadas de la suficiente voluntad política, gracias a la represión si fuera necesario, y de la suficiente ciencia, gracias a los consultores internacionales "golondrinos" aportados por las agencias internacionales. Nuevamente la fe ciega en la ciencia, unida a la idea de progreso a la occidental como valor universal y a la falta de conciencia de los límites intelectuales propios y de la acción colectiva en cada país iban a producir resultados calamitosos.

Algunos estudiosos observan irónicamente que de haberse seguido el catecismo Washington ni Alemania ni los propios Estados Unidos hubieran podido industrializarse jamás. Lo más llamativo con todo es la fuerza y convicción con que tales políticas trataron de imponerse por las instituciones financieras internacionales sobre todo cuando se las contrasta con la tolerancia y permisividad con que vieron su perversión práctica en el proceso político especialmente latinoamericano. Las consecuencias han sido por lo general dramáticas. A la vieja cuestión social, desgarradora desde siempre en América Latina, se añadió lo que Louis Emmerij ha llamado "la nueva cuestión social". Toda una región ha sido puesta en riesgo de fragmentación.

Como casi siempre sucede, entre los más victimados se encuentran quienes siguieron más fervientemente la doctrina, es decir, pensaron menos por su propia cuenta. El caso de los países de la ex Unión Soviética resulta tan lacerante como grotesco. El PIB de la Federación Rusa se ha reducido en un tercio y su fragmentación, conflictividad y desigualdades sociales ya emulan las peores de las nuestras. A diferencia de América Latina, en la Europa del Este y la antigua Unión Soviética no faltaba conciencia de la importancia de las instituciones y la legalidad para la generación y asentamiento de una economía capitalista de mercado. Había plena conciencia de que el estado de derecho no sólo exigía reconocimiento y respeto de los derechos civiles y políticos, sino que éstos sólo podían afirmarse sobre un tejido económico asimismo fundado en el estado de derecho para la economía. Sin embargo, todo este clima intelectual se disolvió en cuanto las reformas se pusieron en marcha. Prevaleció el cálculo de los beneficios políticos derivables a corto plazo de las terapias de choque y de los bing bangs económicos. Resultó pasado de moda invocar -como seguían haciendo personalidades académicas tan destacadas como Douglas North o Mancur Olson- que sin reformas institucionales las privatizaciones y las liberalizaciones traerían invitados inesperados quizás horribles y que los equilibrios macroeconómicos estarían siempre en precario. Prevaleció la opinión de jóvenes académicos, nuevos políticos reformistas y funcionarios de las instituciones financieras internacionales, según la cual la reforma institucional correspondía a la segunda fase reformista. Lipton y Sachs, Fisher y Gelb, Blanchard, Froot y Sachs produjeron algunos de los posicionamientos más influyentes de su tiempo: en todos ellos se desenfatizaba la reforma institucional. La tesis de la secuenciación de las reformas con la postergación de la reforma institucional para cuando las terapias de choque ya hubieran producido actores y coaliciones capaces de implantarlas se oficializó en el Informe de Desarrollo del Banco Mundial para 1996 "Del Plan al Mercado". La verdad es que el único cambio institucional exitoso fue el desmonte del viejo régimen. Por lo que se refiere al nuevo la Federación Rusa se ha quedado sin plan y sin mercado y los actores emergidos sin constricciones institucionales han creado poderosas coaliciones que hoy se amparan en una institucionalidad informal corrupta que impide la emergencia de las instituciones de la democracia y el mercado. Todo un record.

Los mediocres resultados económicos obtenidos y los estropicios sociales causados por esta aproximación contrastan dramáticamente con los resultados más positivos de los países que creyeron que no existía solución preestablecida e iniciaron su propio camino de aprendizaje. En primer lugar, merecen destacarse los países del Sudeste Asiático, donde el factor institucional resulta sólidamente explicativo tanto de su desarrollo como de la crisis financiera vivida y de las salidas a la misma. La clave del éxito de estos países no se encuentra tanto en la combinación de políticas que aplicaron sino en la capacidad institucional de sus estados para formular e implementar coherente y sostenidamente en el tiempo tales políticas, zafándose de las presiones capturadoras y patrimonializadoras de potentes grupos de interés. La autonomía y la capacidad del estado -asegurada por una burocracia legal de tipo weberiano- fue una de las claves del éxito no sólo económico sino también social de estos países.

El caso que muestra mayor desviación de los supuestos del consenso de Washington ha sido precisamente el más exitoso hasta hoy: la transición de China -aún en proceso- desde una economía estatista a una economía de mercado, bajo la conducción de un partido comunista que ha inscrito en la última reforma constitucional de abril de 1999 la economía de mercado y el estado de derecho para la economía como pilares y valores fundamentales orientadores del nuevo orden institucional. El éxito innegable de China que, de mantener las tasas actuales de crecimiento, podría convertirse en veinte años en la primera economía del mundo, contrasta con el fracaso de la reforma rusa que arrastra graves riesgos para la gobernabilidad mundial, y plantea cuestiones interesantísimas sobre el rol del estado en la construcción de los mercados. La clave explicativa del éxito parece estar en que los reformistas chinos siempre acompañaron las reformas económicas con reformas institucionales capaces de generar un sistema de derechos de propiedad no muy sofisticado pero eficaz, claramente reductor de costes de transacción y evolutivo hacia formas institucionales crecientemente sofisticadas.

El Consenso de Washington ha muerto. Pero los "decalagodores" siguen vivos con muchas ganas de pontificar y pocas de vivir las realidades sobre las que pontifican. Afortunadamente los nuevos actores emergentes en toda la región no les prestan mucha atención. Saben que mantener la prudencia macroeconómica y fiscal es necesario, pero también que el cómo producir crecimiento con equidad no se puede encontrar en recetarios importados. Tienen que buscar en su propia realidad, incluido el contexto internacional, vigorizar sus propias fuerzas y encontrar sus propios caminos. Comprenden lo que señaló el Premio Nobel Gao Xingjian "hay que vivir sin "ismos" porque en la búsqueda de la verdad vale más seguir el propio camino que la ruta tortuosa marcada por otros".

No hay alternativa al Consenso de Washington. Buscarla es sembrar en estéril arena. Estamos solos frente al desafío del desarrollo. Recuperemos la soberanía pues no hay demiurgos externos. Atrevámonos. Hagamos Política.

Joan Prats - revista GOBERNANZA

CONSPIRACIONES

Los rumores no siempre son falsos. (Tacito: "La Vida de Agrícola)



Los argentinos no terminan de desprenderse de sus confusiones y de las incertidumbres de una agitada vida política, por la que en general se sienten decepcionados. La falta de un debido y constante esclarecimiento de los graves problemas que se fueron originando en la década de los años noventa, cuyos efectos se disimularon en el "el éxito" de corto plazo del modelo menemista neoliberal y por sus continuadores presuntamente más prolijos, es el nudo oscuro de este desconcierto. La celeridad de los acontecimientos, sus contradicciones agudizadas por la permanencia de la crisis económica, no pudo ser explicada por la mayor parte de la dirigencia política. En esta falencia han de incluirse los partidos tradicionales, y las nuevas formaciones personalistas, del tipo ARI o RECREAR. Similar y no menor responsabilidad debieran asumirla quienes de ello se ocupan en los medios de prensa mas influyentes. Mas bien lo contrario: el oportunismo descarado y la mediocridad dirigencial y del propio gobierno, por un lado; y el carácter "funcional" de los opinadores políticos - columnistas e "intelectuales" contribuyen al embrollo de la anomia ciudadana.



El examen de la cuestión no puede reducir estas prédicas y posicionamientos a las oposiciones de derecha o de izquierda que jaquean al Gobierno, entre otras cosas porque este Gobierno no es ni una cosa ni la otra, ni siquiera del cómodo centro El Justicialismo en el Gobierno, en sus distintas vertientes kirchneristas, duhaldistas y menemistas, ha prosperado en situaciones de crisis y transición, contribuyendo con su propio oportunismo al mantenimiento de estas condiciones. Lo más notable de sus practicas es una flexibilidad y desenvoltura desmemoriada en el ejercicio de su poder, adaptándolo a sus pretensiones de permanencia.



IZQUIERDAS Y DERECHAS


Suele alegarse que izquierda y derecha son categorías de tonalidades variables. Sin embargo aun pueden ser capaces de definir ideas y prácticas políticas. En el caso argentino el tipo de actitudes de la oposición de izquierdas y derechas frente a un Gobierno tan maleable ideológicamente, sin embargo, puede provocar efectos reales en el devenir de los acontecimientos. Y en ese sentido cumplen una función objetiva. Esto quiere decir que hay una determinada manera de ejercer la oposición que sirve como instrumento, en determinadas circunstancias y por su "modus operandi" a la corrección o a la desestabilización del gobierno. Ante una situación presumiblemente emergente, en un futuro más o menos inmediato, ¿porqué negar podrían dar lugar a un cambio abrupto de las figuras del gobierno?. Aunque el rol del Estado está capturado por el poder económico, el establishment no confía en los gobiernos peronistas o radicales, por distintas razones.



Es sabido que en la actual etapa de las democracias en América Latina, el golpe tradicional con intervención directa de las Fuerzas Armadas y la ruptura total de las normas constitucionales, no parece viable ni necesario. Sin embargo, rumores y clamores han alentado la impresión, en muchos sectores, de una cierta fragilidad de las continuidades de una democracia inoperante ante situaciones "límite". La renuncia anticipada del Presidente en 1989 y la crisis de 2001, con el cambio de tres gobiernos en quince días, avalan la posibilidad que el Dr Raul Alfonsín ha denunciado como una conspiración tendiente a derrocar al Presidente Kirchner.



LAS ADVERTENCIAS DE ALFONSIN


El ex presidente radical se encargó de advertir, acertadamente, que una situación insostenible en lo político-económico, no podría resolverse ya con la renuncia del Presidente y la asunción del Vicepresidente. Menos aun en el marco de una Asamblea Parlamentaria, como ocurrió en las oportunidades mencionadas.



El Dr Alfonsín se refirió expresamente a quienes estarían actuando en el sentido desestabilizador: "Las doce hermanas" - esto es las empresas privatizadas- aliadas funcionalmente a los especuladores financieros, y los acreedores de la deuda externa hoy en default. A estos grupos de presión, el examen político del expresidente agrega a la "derecha" que suele representar a esos intereses del modelo "democrático", con la participación de columnistas políticos Y también incluye a la postura funcional instrumentada desde algunos grupos extremos como los movimientos piqueteros y Quebracho, las cruzadas contra la inseguridad, y la actividad denunciante y moralizadora de la líder del ARI.



Esas advertencias del Dr. Alfonsín, a pesar de las críticas de una parte de la alicaída dirigencia de su partido y de las ambiguas respuestas de los representantes de la así llamada derecha, merecerían algo más que el rechazo burlón, el silencio despreciativo, o la indignada réplica. Esas denuncias son plausibles, en cuanto se profundice el análisis del delicado panorama político de la Argentina. Ello se hace más evidente si se lee con cuidado, por ejemplo, el discurso de los columnistas Mariano Grondona y Joaquín Morales Sola, en La Nación, que tiene la apariencia de la sensatez y la moderación . Hay otros aun más explícitos y crudos, pero quizá no sean tan influyentes.



LOS PERFILES OPOSITORES.



A veces, la crítica se reviste con la figura de "la oposición constructiva". ¡Librenme de ella, por que es la peor intencionada!, dicen que decía Winston Churchill. El lenguaje utilizado por los columnistas más "serios" ( convocando conceptos tales como colapso institucional, inseguridad jurídica, huida de los "inversores", señalando que la política del gobierno conduce inexorablemente al aislamiento y marginación del mundo ante la permanencia del default y el congelamiento de las tarifas) desmiente su pretendida objetividad. Esconden cada vez menos una intencionalidad, que puede interpretarse como sibilinamente corrosiva.



Las criticas del Dr. Rozas, presidente del Partido Radical, y de quienes lo siguen desde una parte del viejo Partido al señalamiento del Dr Alfonsín, caracterizan la inocuidad que la ha llevado al desprestigio por su situacionismo sin ideas ni proyectos. Registran una superficialidad argumentativa, cuando alegan que esas advertencias "desdibujan el perfil opositor de radicalismo", Y lo peor, desideologizan totalmente el problema. Esto es grave porque desnaturaliza la tradición de un Partido con doctrina, programa, ideas y propuestas. Confunden "gestión de gobierno" con "política de Gobierno", programas y concepciones económicas y sociales con ineficiencia de los actos de administración. Según ellos, no hay un problema de ideologías, y mucho menos de clases, en las fuerzas en pugna, sino simplemente de falta de eficacia", atribuible, en todo caso, a la ausencia de diálogo y a la indeterminación de "políticas de estado" formales, pactadas con los dirigentes cualesquiera sea su signo partidario. Como debiera ser reconocido, la palabra eficacia se presta para distintos y hasta opuestos objetivos: ¿eficacia para hacer qué cosas y en beneficios de quienes?



DEDUCCIONES.



Ahora bien: si la campaña psicológica y las maniobras de mercado son evidentes, ( los argentinos y en especial los radicales, deberían tener memoria de ello) no lo es tanto una seductora inferencia que podría desprenderse de la adjudicación de funcionalidad a las acciones de protesta y de crítica. Según esa interpretación éstas son cómplices, en el mejor de los casos involuntarios, del proyecto de la derecha para preparar un "golpe" para principios del año 2005. Una generalización de ese tipo podría implicar que todas las criticas al gobierno son funcionales al golpismo de mercado. Y por otra parte impondrían, sobre la base de la gravedad de la situación, una política de urgente apoyo al Gobierno y hasta una eventual alianza con este para evitar una nueva crisis institucional que afectaría hondamente la continuidad democrática..



Desconocer el agravamiento de las tensiones que provocan las estructuras del modelo neoliberal en la economía argentina, las presiones para pagar la deuda sin tener en cuenta sus consecuencias sociales, y lo complejo de las decisiones que debe adoptar el gobierno en ese cuadro de restricciones de su capacidad de decisión, es un acto de ceguera. Igualmente sería necio dejar de prever que esas presiones se han de agudizar por los vencimientos financieros de magnitud que se producirán a fines de este año, y la perpetuación de las inequidades sociales sin signos de atenuarse. Se suma el hecho de que el Gobierno no ha insinuado siquiera un cambio real de las estructuras económicas y sociales del modelo impuesto por el menemismo, más que simbólicamente y mediante un discurso efectista no correspondido por las acciones de gobierno. Es obvio entonces que el panorama a corto plazo se presentará muy delicado. Todo esto es objetivamente demostrable. En los próximos días la Fundación Illia difundirá un informe económico al respecto.



EL DEBER DE LA HORA.



Lo que corresponde a una autentica oposición de centro izquierda o de izquierda democrática, que no este agobiada por la justificación del mal menor ante un abismo de la forma republicana, debiera ser, por el contrario, señalar la falsedad del discurso oficial en materia económica y social. Este discurso hace esfuerzos ( por ocultos no menos reales), por quedar bien con las "doce hermanas" y responder tímidamente a las amenazas de los capitales especulativos, los fondos Buitres, el Fondo Monetario Nacional, y mas veladamente, de algunas potencias extranjeras.



Es la oposición democrática y progresista la que debe denunciar con franqueza, finalmente, el acelerado acomodamiento del Gobierno a las presiones de la derecha autoritaria, con leyes, jueces y policías mas duros y represivos. Especialmente debería señalar la vocación puramente electoralista del Gobierno y sus concepciones del poder. Y descubrir que lo que en realidad ocurre es que los dichos, no los hechos del Gobierno, son los que verdaderamente molestan al Establishment.. Este, no lo quiere a Kirschner, como no lo quiso a Duahlde ni a Alfonsín. Eso es obvio, porque no confía en los Gobiernos de origen popular, excepto que traicionen aquel origen legitimante. Cuando el poder económico considera que ya no son funcionales, les dan la espalda sin misericordia..



Las actitudes verdaderamente "funcionales" que confunden hoy a los argentinos, son las mascaras a que esta recurriendo el gobierno tratando de ser "funcional" a las exigencias de la derecha y paralelamente a su obsesivo empeño de ganar elecciones y mantener sus cargos. También lo es la oposición formal, mostrando que no pretende ningún cambio real del modelo neoliberal, y disimulando así su carencia de propuestas de fondo y de estrategias para llevarlas a cabo, ante la notoria indiferencia con que les responde la ciudadanía. Su mayor ambición parece ser el acceso a los medios mas importantes, aun cuando estos les dediquen esporádicamente algo más que titulares secundarios o "noticias breves". Los otros agrupamientos sin consistencia son útiles a la derecha, precisamente por ello. Y porque han demostrado ser tan efímeros como inconducentes, ya sea para el eventual putch dirigido a las rupturas institucionales, como para su propio crecimiento como alternativa de cambio en la enclenque democracia Argentina.



INFORME PREPARADO POR EL GRUPO DE ANALISIS POLITICO DE LA FAI, DIRIGIDO POR OSVALDO ALVAREZ GUERRERO.

La dictadura militar instaurada en 1976 provocó una desindustrialización restitutiva de importaciones - Jorge Fonseca

La clase dirigente en Argentina parece capaz de transmutar la materia, sólo que en sentido inverso al que pretendían los antiguos alquimistas: en vez de descubrir el elixir de la vida o la piedra filosofal que convierta en oro metales pobres, corroen la vitalidad de una sociedad, convierten riquezas en miseria y a un país que fue quimera de millones de emigrantes europeos en otro en ruinas que empuja a su gente a emigrar.

Durante la primera mitad del siglo veinte Argentina estaba entre los diez países de mayor renta per cápita. Hacia 1950 igualaba la de Alemania, Francia o Canadá y doblaba la de España. El tamaño de su economía (PIB) equivalía al de Canadá o Brasil y era 30% mayor que el de España. En 1998, su renta per cápita era la mitad de la de Alemania, Francia o Canadá y apenas dos tercios de la de España. El tamaño de su economía, un tercio del de Brasil, la mitad del de Canadá y 60% del de España. Esta involución no puede explicarse por aspectos que más que causa son consecuencia de los verdaderos males. Es el caso de la corrupción que deriva de un marco institucional y un proceso de privatizaciones que, como reconoce el Banco Mundial, la propicia. Pero no explica el derrumbe económico, pues países como Italia han tenido un formidable crecimiento a pesar de ella. Tampoco la supuesta singularidad política de Argentina, pues las oscilaciones entre populismo y liberalismo, dictaduras incluidas, se dieron coincidiendo con tendencias mundiales. El dogma neoliberal atribuye el problema al gasto público, pero éste supone 13% del PIB, menos de un tercio que en países industriales. El sistema de Convertibilidad, tal como advertimos desde su inicio, fue nefasto, porque sobrevaloraba el peso subsidiando las importaciones, pero sólo agravó problemas preexistentes.

El gran retroceso de Argentina lo provocó la última dictadura militar, que, entre 1976 y 1983, arruinó la industria, reinstaurando el modelo primario exportador impuesto a finales del siglo XIX por la oligarquía triunfante en las guerras civiles posteriores a la independencia, que, a pesar de su carácter oligárquico, introdujo la modernidad en Argentina y fue exitoso mientras las condiciones internacionales eran favorables y la población escasa.

Entre 1870 y 1913 triplicó la renta per cápita, pero este éxito se apoyaba internamente en fuerte desigualdad social (2% de la población percibía 20% del ingreso), alta concentración de la propiedad y en un sistema político corrupto y violentamente represivo. Externamente se beneficiaba del boom de demanda europea de alimentos y materias primas, que permitió multiplicar exportaciones agropecuarias gracias a la extrema fertilidad de su mítica pampa y al aumento de precios agropecuarios. Los países industriales europeos necesitaban mercados para manufacturas y capitales, que invertían en infraestructuras y rentables préstamos al Estado. Así se forjó una asociación de las élites nativa y europea basada en la complementariedad de intereses, pues las divisas de exportación permitían importar bienes industriales, pagar préstamos, repatriar beneficios y acumular en el exterior. Esa división del trabajo no dejaba lugar para una amplia industria, salvo la agroalimentaria vinculada a los terratenientes.

La industria emergió cuando la crisis que derivó en la Primera Guerra Mundial redujo el comercio mundial a la mitad, obligó a producir lo que no se podía importar y propició el despegue industrial basado en la sustitución de importaciones, que, forzada por las circunstancias, se aceleró a partir de la crisis de 1929. La reapertura del mercado mundial en los cincuenta agudizó el conflicto entre industria y oligarquía agroexportadora, pero en los años sesenta y setenta la industrialización se aceleró y se hizo más compleja, aunque concentrada en pocas ramas dominadas por transnacionales que monopolizaban el mercado interior, mientras monopolios locales controlaban las exportaciones agroindustriales.

El crecimiento económico argentino durante 1914-74 superó al de EE UU, aunque, como la población argentina creció el doble, la brecha per cápita aumentó. En esas décadas de conflictivas y variadas condiciones políticas, la industria, deformada y tecnológicamente dependiente, creció desde el 11% al 30% del PIB, generando creciente empleo y prosperidad social, que a principios de los setenta alcanzó su máximo, dando lugar a esa amplia 'clase media' que caracterizó a Argentina y al auge de la educación, las ciencias (tres Premios Nobel), la cultura y la participación social. La pobreza se redujo al 9% y la desigualdad del ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de once veces, diferencia menor que la existente en EE UU o Francia.

La dictadura militar instaurada en 1976, en vez de modernizar la industria, hizo tabla rasa con ella, mediante la sobrevaluación monetaria, que provocó una desindustrialización restitutiva de importaciones, convirtiendo a Argentina en paradigma de la globalización. En ocho años de neoliberalismo y terrorismo de Estado -que dejó 30.000 desaparecidos y decenas de miles de expatriados-, la industria se redujo al 22% del PIB, quebrando el complejo metal y electromecánico, el más dinámico y generador de empleo. En consecuencia, éste cayó un 20%; los salarios en el ingreso nacional, un 25%, y la renta por habitante, un 15%. Con el apoyo del FMI, estatizó deuda externa privada, sextuplicando la pública, que alcanzó 45.000 millones de dólares, lo que, sumado a masivos subsidios a monopolios, provocó déficit público.

Deuda externa y déficit fiscal condicionan las finanzas públicas desde entonces, pues para financiarlos deben atraer capitales mediante elevados tipos de interés o privatización de servicios públicos monopólicos -en países desarrollados se invierte en industria manufacturera y 'nueva economía'-. También determinan la política económica, pues para conseguir excedentes exportables que generen divisas se aplican medidas depresivas del mercado interior. Esta trampa
financiera, prototípica de la globalización, atenaza a los países subdesarrollados y está en la base del fracaso económico del Gobierno de Raúl Alfonsín. Durante el Gobierno de Carlos Menem, la Convertibilidad eliminó artificialmente la inflación, pero el milagro del equilibrio fiscal se consiguió gracias a la brutal reducción de gastos sociales y al ingreso de 40.000 millones de dólares por privatización de empresas públicas, según condiciones impuestas por el FMI y la banca acreedora. Aunque aumentó el consumo, la sobrevaluación del peso redujo la productividad, transformando el superávit en déficit comercial, que se sumó al déficit fiscal provocado por la deuda y la pérdida de ingresos de los organismos privatizados a la vez que se agotaron las entidades a privatizar.

El doble déficit multiplicó la deuda externa, generando un círculo infernal de ajuste-contracción-ajuste, que llevó la economía a la recesión y forzó el abandono de la Convertibilidad, con un brutal impacto social. En una década, el desempleo pasó del 7% (15% incluyendo subocupados) al 18,3% (34,6% con subocupados); esto implica que de un millón y medio de trabajadores parcial o totalmente desempleados se pasó a cinco millones, que llegarían a siete millones por la hecatombe actual, mientras sólo otros siete de treinta y siete millones de habitantes estarían plenamente ocupados, con salarios paupérrimos. No sorprende que la pobreza afecte a casi el 50% de la población, ni que la sanidad y la educación estén en ruinas o la desigualdad registre valores inéditos (la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 26 veces).Veintincinco años de desindustrialización, reforzando el papel de Argentina como exportador de productos primarios y agroindustriales de escaso valor y menor capacidad de crear empleo, que suponen un rotundo fracaso del neoliberalismo, generaron sólo la mitad de crecimiento relativo que EE UU, redujeron la renta per cápita al nivel de 1974 y quintuplicaron la pobreza.

El problema de Argentina, en suma, es de proyecto social, pues el elitista vigente es inviable para un país de treinta y siete millones de habitantes, porque excluye al grueso de la población. La experiencia histórica de los países desarrollados y de Argentina muestra que el bienestar está asociado a la industrialización, que siempre se consiguió mediante regulación pública, estableciendo un marco institucional propicio, donde las inversiones productivas se rentabilizan combinando mercado interior y exterior.

La grave situación no se resolverá simplemente con devaluación, eliminación del corralito, medidas asistencialistas y protección de monopolios y terratenientes, responsables de la descomposición argentina. Es necesario reformar profundamente el sistema de regulación económica, política y social del país, para encauzarlo hacia el desarrollo truncado, rompiendo la aparente maldición de la pampa, que hace que la inmensa riqueza natural, que debería ser beneficiosa, se convierta en fuente de maleficio. Es imperioso reformar radicalmente el sistema fiscal, 'insostenible' y 'resultado de una colusión política', de los sectores dominantes, según estudios del Banco Mundial. Para elevar la eficiencia del sector público, corregir la insultante desigualdad y dotar al Estado de capacidad de regulación, hay que reorientar el gasto y aumentar ingresos impositivos, eliminando la evasión, privilegios y amnistías y aumentando la progresividad del sistema.

Durante el último medio siglo los impuestos representaron 20% del PIB argentino, frente al 33% en los países industrializados. El impuesto progresivo sobre beneficios sólo aportó de siete a diez por ciento del total, frente al 40% en países industrializados. La reforma de tan injusto e ineficiente sistema es imprescindible para que el sector público ejerza funciones regulatorias básicas, como en países avanzados, desarrollando infraestructuras, sistemas educativo, sanitario, judicial, financiero y de bienestar social eficaces, propios de una sociedad moderna y justa, además de propiciar la innovación, generar un desarrollo equilibrado de sectores productivos y regiones, en un contexto de integración regional a partir del Mercosur.

En síntesis, se requiere un amplio programa de corto y largo plazo que, sin populismo y sin soslayar la globalización, rechace como inevitable políticas que empujan a una sociedad entera a la desintegración y acometa el reto de una transformación progresista, partiendo de un nuevo contrato social que establezca un marco institucional que permita construir una sociedad con futuro. Esto exige la activa participación ciudadana y que los sectores que se benefician del antiguo modelo -y también el FMI- asuman que la situación del mismo es terminal y que si no aceptan un profundo cambio serán arrastrados con él. Quizás esto equivalga a descubrir una auténtica piedra filosofal.

[Jorge Fonseca es profesor de Economía Internacional en la Facultad de CC Económicas y EE de la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo fue publicado en el Diario El País, Madrid, España, 08-feb-02]

La Argentina en el túnel del tiempo - Adolfo Pérez Esquivel

Hay afirmaciones científicas y místicas que afirman que, el tiempo es el "presente continuo", el pasado y el futuro son partes de la misma cosa.
Chuang Tzu en su poema "La Perla perdida" dice: El Emperador Amarillo fue a la montaña de Kwan Lun y miró a su alrededor desde el borde del mundo. Camino a su casa perdió su perla color de la noche. Mandó a la Ciencia a buscar su perla, y no consiguió nada. Mandó al Análisis a buscar su perla, y no consiguió nada. Mandó a la Lógica a buscar su perla, y no consiguió nada. Entonces preguntó a la Nada, ¡y la Nada la tenía!
El Emperador Amarillo dijo: "¡ Es en verdad extraño: La Nada, que no fue mandada, no trabajó para encontrarla, y tenía la perla color de la noche!"
En la Argentina, el gobierno, los economistas, los ahorristas y los políticos, están buscando aquello que se perdió y no saben dónde encontrarlo; buscan en los lugares más insólitos y la angustia y desesperación los invade.
Sectores de la clase media tratan de explicar lo inexplicable y añoran el estado de bonanza perdido, dónde el 1 a 1 les permitía sentirse parte del llamado "primer mundo"; se perdió la fantasía de ser lo que no se es, y cuesta reconocer que se acabó la fiesta. En su desconcierto recurren a la Lógica, al Análisis y a la Ciencia, y la respuesta es Nada, que a la vez es todo. Lo que era dejó de ser, desaparecieron el trabajo hoy los índices de desempleo alcanzan al 25%; desapareció el derecho a la salud y la educación, a los jubilados solo queda la Nada; así con mayúscula. El sabio decía que: " el árbol inmenso nació de una semilla". "Un viaje de mil millas comenzó con un paso".
El pueblo argentino debe rehacer los pasos y comenzar nuevamente, sin perder la sonrisa y el humor frente a las adversidades; caso contrario terminarán en el sillón de los siquiatras y sicólogos y tomando antidepresivos para paliar la angustia existencial, económica y emocional. Muchos argentinos tienen una larga historia en el sillón del psicoanálisis.
Es necesario aprender que encontrar lo perdido es encontrarse consigo mismo, no encontrarlo es no saber ver lo que está frente a si. Otros sectores de afectados por el "corralito bancario", tuvieron la virtud de reaccionar y asumir la resistencia al saqueo de sus ahorros y recurrieron a los "cacerolazos", como protesta, frente a la rapiña y la voracidad de los capitales especulativos que se fugaron del país, amparados por el sistema financiero y la complicidad de funcionarios corruptos.
El país vive un sistema perverso, que a todo le ponen precio y valor a nada. Los hambrientos corren dónde hay comida, a los supermercados y han realizado saqueos para alimentar a sus familias, algo insólito en el país de los alimentos. Otros, los menos han aprovechado la situación no para comer, sino para provocar la violencia y destruir todo a su paso, son grupos organizados; se señala que hay sectores infiltrados de los militares carapintadas , que buscan desestabilizar al gobierno.
Los bancos amenazan con irse del país, después de saquearlo y no asumen su responsabilidad frente a los ahorristas; los que deben soportar las medidas del gobierno que impone el "corralito" y el estado de indefensión jurídica. La Argentina se encuentra en el túnel del tiempo, buscando en el pasado, aquello que no está y pensando en un futuro incierto, sin ver el presente y comprender que lo que hoy se siembra es lo que se recoge. Desde la dictadura militar hasta el presente el país retrocedió mas de cuatro décadas y recuperar el camino y el tiempo perdido requiere de coraje y capacidad, como de la participación social.
Los centros financieros del poder, vienen devorando como aves de rapiña los recursos del pueblo, amparados por las sombras de la impunidad, y son los que pueden provocar un golpe de mercado y derrocar gobiernos, tienen el poder económico en las manos y lo han ejercido contra Alfonsín y de la Rua, como lo hicieron en el Ecuador y puede tener efectos devastadores en otros países de América Latina.
Pocas voces se han alzado para denunciar la perversión de las políticas neoliberales, como sus consecuencias sobre grandes sectores sociales atrapados en el "corralito del hambre, la exclusión social y la pobreza", sin posibilidad de salir del empobrecimiento y la caída de la clase media, que no fue al "paraíso", sino a la antesala del infierno y que luchan por sobrevivir, transformadas para el sistema en "no-personas", que excluye e ignora.
La resistencia social frente a grave crisis está aumentando; la respuesta de los gobiernos que se sucedieron fue la represión o el asistencialismo, y no el desarrollo del país.
...
El FMI tiene una gran responsabilidad de lo ocurrido en la Argentina, al imponer políticas que han privilegiado los intereses de la deuda externa y los grandes intereses financieros, exigiendo a los gobiernos mas ajustes sobre ajustes, sin interesarles el alto costo humano que debe pagar el pueblo. La política que aplican está llevando a la pérdida de las soberanías nacionales y a una mayor dependencia.
Ahora afirman que, sin sacrificios no hay soluciones; debieran preguntarles quien debe hacer los sacrificios. La Argentina ya viene siendo sacrificada desde hace muchos años por la voracidad del dios Molok. Enfrentar la situación no puede ser con meros paliativos, el gobierno debe investigar a los responsables de llevar al país a la actual situación y llevarlos ante la justicia por ejercer, el "terrorismo económico", las medidas deben ser rápidas y efectivas, de eso depende la credibilidad en el gobierno y sus instituciones, los delitos no pueden quedar en la impunidad.
La confianza de los ahorristas en el sistema bancario es prácticamente cero; los considera responsables de maniobras fraudulentas. Dos jueces han ordenado allanamientos a bancos y empresas de valores, a fin de determinar las responsabilidades de la fuga de capitales.
Hay que estar alerta al proceso actual y la especulación financiera, si la cotización pesos- dólar se dispara y la inflación se vuelve incontrolable, el gobierno se verá ante la posibilidad de dolarizar y eso generará el caos y una situación perjudicial e imprevisible para el país.
Las grandes privatizadas buscan asegurar sus ganancias en dólares y presionan para lograrlo. Uno de los voceros de aplicar las medidas para dolarizar , es el ex presidente Carlos Menem, en gran parte de llevar al país a la actual situación económica y social.
...

Otros frentes de batalla deben ser libradas con firmeza, la prioridad es la lucha contra la pobreza. Los Planes Trabajar no resuelven el problema de fondo, son paliativos asistencialistas. Es urgente reactivar la capacidad productiva, tanto industrial como agropecuaria. Generar fuentes de trabajo que permitan potenciar el mercado interno hoy paralizado sin que los productores sepan que hacer.
Nadie en la Argentina ignora que muchas provincias son feudos medioevales y no responden a políticas acordadas a nivel nacional; el despilfarro y la falta de políticas sociales y de desarrollo, como la corrupción, son factores que impiden el desarrollo integral del país. El gobierno debe tener políticas claras y decididas, no puede continuar aplicando paliativos; se está frente a un paciente en terapia intensiva y muy cerca del quirófano, no es con aspirinas como se recuperará.
La Deuda Externa es uno de los grandes problemas que ha condicionado el desarrollo del país; los recursos se fueron en gran arte y bajo la imposición del FMI y del gobierno de los EE:UU. para la transferencias de capitales en pago de los intereses de la deuda. No basta que el presidente Duhalde diga que no se pagará los intereses de la deuda externa porque no hay recursos. El FMI sabe que en la actual situación es imposible pagar los intereses, pero espera obtener beneficios de la situación actual y postergará el cobro de la misma, pero continuarán con la misma perversión que los ha caracterizado y el aumento de los intereses, como las exigencias cada vez mayor al país.
Es necesario clarificar lo legítimo de lo ilegítimo de la Deuda Externa; se han presentado propuestas que permitan resolver el problema de fondo, entre las medidas es necesario recurrir a la Corte Internacional de la Haya, y efectuar un "Pedido Consultivo sobre la ilegitimidad de la Deuda Externa." Hace ... años, el juez Ballesteros envió al Parlamento las actuaciones y la resolución de la causa sobre la Deuda Externa, iniciada por el Dr. Alejandro Olmos, para que se investiguen las irregularidades de la misma. Los legisladores todo lo que hicieron fue cajonearla y olvidarla, a pesar de la insistencia de diversos sectores sociales para que se investigue y determine lo legítimo de lo ilegítimo.
Las complicidades son muchas y se ocultar al pueblo la situación real. Otro de los hechos que puedan garantizar la participación del pueblo, es reglamentar La Consulta Popular, que es parte de la reforma Constitucional del año 1994 y que hasta la fecha los legisladores se niegan a hacerlo. El Frente Nacional contra la pobreza, tuvo que recurrir a una consulta popular con mas de 3 millones de votos, pero al no ser reglamentada tiene un efecto moral y no legal.
Si el gobierno no tiene el coraje y la firmeza de poner límites a la impunidad y establecer medidas claras de convivencia y reglas de juego basado en la responsabilidad ética, está condenado al fracaso. Hasta ahora el gobierno viene aplicando paliativos y eso lleva a políticas que son mas de lo mismo. El pueblo no quiere un nuevo fracaso y por eso es necesario apoyar todas las iniciativas que beneficien al pueblo y exigir al gobierno coherencia entre lo que dice y lo que hace. La Ciencia , el Análisis y la Lógica , sirven si se utiliza el sentido común, que es el menos común de los sentidos.

Buenos Aires, 23 enero del 2002.

FICCIONES

"Una ficción es un arbitrario desvío de la realidad.
Lo que la distingue es el expreso reconocimiento de su carácter de tal,
la ausencia de cualquier reclamo de realidad".
Enrique Marí: "La Teoría de las Ficciones",
EUDEBA, Buenos Aires, 2002.

Una jungla de discursos, declaraciones y reyertas de tribuna, efectistas y de pobre contenido conceptual, se desplaza por el escenario público. Enjuiciamientos personales, sin argumentación empírica se desparraman por el escenario nacional como verdades absolutas. Los funcionarios del Gobierno opinan y discuten entre sí, con elogios o diatribas directas, y chisporroteos de conventillo, como si no estuvieran ejerciendo funciones de responsabilidad política. Las voces de la opinión pública aseveran unánimemente que estamos ante una interna en el amplio espectro del justicialismo y sus transversalidades. Es una cruda puja por ocupar espacios influyentes, que se agitan cuando se acerca el tiempo de la confección de listas. No parece que esta sea condición exclusiva del movimiento popular que lleva el nombre de su fundador y único líder hace cincuenta años. Sin embargo, se exacerba debido a la organización vertical del peronismo. La confrontación de ideas y de proyectos están ausentes en el debate interno. Todo el espectro del poder formal o real, se desenvuelve en el plano de la simulación de las realidades profundas de una sociedad desconcertada, y periódicamente ofuscada. Es un mundo de ficciones deliberadas y conscientes, que cumplen el papel de justificar una democracia fetiche sin vitalidad institucional, ni proyecto soberano.

II. LA "GOBERNABILIDAD"

El kirchnerismo, como lo fue el "delarruísmo", es un eufemismo que alude al conjunto de los funcionarios públicos que necesariamente han de estar de acuerdo con el Gobierno en la medida en que desarrollan sus actividades rentadas, ya que de ello depende su permanencia laboral. El kirchnerismo no es ni un partido, ni una corriente ideológica, ni un nuevo movimiento que propugna una nueva forma de hacer política. Hasta ahora sus componentes tenían la alegría de haber alcanzado el poder, y la coherencia de compartir oficinas gubernamentales. Pero cuando no hay proyecto común, ni ideas que los fundamenten, esos sentimientos son provisorios. Allí se juntan quienes están a tiro de decreto; los que ejerciendo responsabilidades de gobiernos municipales o provinciales reciben fondos indispensables del Gobierno Central; y quienes han sido designados por quien igualmente puede echarlos. Ese pelotón quizá no piensa siquiera parecido, y posiblemente sus integrantes no piensan en absoluto sobre los problemas de la Argentina. Sus tácticas se limitan a sus aspiraciones de acceso y permanencia. Una suerte de gran burocracia, sembrada aquí y allá por políticos mediocres y oscuros lobbistas. Se suman a esta comparsa algunos ex seudo revolucionarios despistados, y otros en absoluto ingenuos pero tradicionalmente cooptables por todos los gobiernos.

Esta legión de funcionarios profesionales tiene como único objetivo la autoperpetuación en la administración pública, y por tanto su lenguaje se expresa en términos de dedicación a la “gestión”. Ahora bien, la gestión es un ámbito de actuación que requiere de dos premisas fundamentales: una línea política clara que instaure los valores ideológicos que enarbola el partido de gobierno, y un cuerpo de funcionarios que puedan articular políticas en la órbita de las diferentes esferas estatales. Ni una ni otra condición está presente nítidamente en la argentina post 2001. En efecto, en el ejercicio del poder cotidiano ni Kirchner ordena directrices unívocas de dirección política, ni el batallón de funcionarios heredados de los dos gobiernos anteriores tiene interés alguno en hacerlo. En general, tienen una amplia trayectoria en gimnasia de obsecuencia ante los organismos internacionales, que en última instancia son quienes monitorean los programas del gobierno. Es a estas instituciones a las que la burocracia de alto rango rinde pleitesía preparando el terreno para su reconversión en “consultor internacional”. Para los cuadros medios el desafío futuro inmediato es otro: la "gestión" es considerada como peldaño para figurar en las listas de candidatos electivos.

El principal objetivo de la más alta conducción gubernamental ha sido "construir autoridad", y luego mantenerla como si esto fuera un mérito mayor y no la condición natural de legitimidad del ejercicio soberano en un régimen democrático. El sentido común indicaría que la autoridad no puede ser el fruto de la gestualidad, y sí en cambio el resultado de la legitimidad de origen (algo dudosa en la Argentina de hoy), y su ratificación mediante el buen gobierno de la cosa pública. La política no debiera ser una carrera escalafonada según criterios de adaptabilidad acrítica y, muchas veces, basada en la obsecuencia.

En este cuadro de confusiones se expande como un fantasma el concepto de "gobernabilidad", utilizado generosamente por los columnistas mediáticos y por la propia dirigencia política, sin saber bien, en muchos casos de qué están hablando. Sospechan que un país es "ingobernable" cuando se modifican sustancialmente las condiciones actuales para el ejercicio del poder. Esas condiciones, que hoy son limitantes y restrictivas, en caso de traspasarse, impulsarían un desorden global del statu quo que afectaría la continuidad del gobierno y del propio sistema. Por lo tanto la gobernabilidad significa hacer posible gobernar lo que ya está.

III LA "REALIDAD"

Y lo que ya está es la "realidad", que mide toda verdad, según el pragmático adagio conservador del viejo General. A el se ciñen todos, como un recurso para la supervivencia en el borde del abismo.

La "realidad" así concebida es un mundo que ha sido pensado y dirigido según ciertas reglas políticas adoptadas desde el Imperio. En el ocaso de la década de los ochenta, denominada la "década perdida" por los estertores del neoliberalismo, fue formalizado el llamado Consenso de Washington y ejecutado por la explícita política que desde allí rigió los destinos de América Latina. Sus lemas principales fueron aplicados a los países dependientes: la reducción del gasto público, la apertura financiera y la liberalización de los tipos de interés, la liberalización comercial, privilegios especiales para las inversiones extranjeras respecto a las de origen nacional, la privatización y concesión de empresas públicas, la desregulación de los mercados y la garantía de la propiedad para los detentores del capital.

Se trataba de una adecuación “democrática” a lo que en las décadas de la Guerra Fría se designaba como "Seguridad Nacional", pero que, en definitiva, perseguía el beneficio de los intereses vitales del Imperio. Este paradigma impuesto en la infame década menemista, se consolidó con las reformas estructurales; sin embargo, esto pareció no satisfacer la insaciable demanda imperial, por cuanto, en la segunda mitad de dicha década los objetivos del Consenso pusieron el énfasis en la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción. La seguridad jurídica se ajustaba a la no reversibilidad de los negocios, generalmente oscuros, vinculados a las llamadas inversiones y a las privatizaciones.

Es de destacar que este no era el diagnóstico inicial, según el cual, la falta de certidumbre jurídica en los países de la región se resolvía con tasas de rentabilidad mayores que las que ofrecieran otros mercados.

Por su parte, la lucha contra la corrupción se limitaba a los corruptos, y no a los corruptores. En todos los casos, debía primar la libertad de mercado que redundaba en grandes ganancias para los capitales de los países desarrollados. Esos objetivos del neoliberalismo han producido un desorden inasible que no se limita al ámbito económico, social y político, sino que adquiere ribetes trágicos en el orden simbólico y cultural de los individuos, obstaculizando la posibilidad de modificar el statu quo establecido.

Cuando, desde los movimientos sociales emergentes, los altermundistas , y otros actores de la izquierda vernácula, afirman que el neoliberalismo se derrumbó, la ficción triunfalista invade las miradas miopes y confirman el vaciamiento ideológico y simbólico que ha generado el modelo neoliberal. Más patético aún es cuando en el ámbito nacional estas izquierdas impotentes y derechas torpes terminaron mixturándose en un cuadro variopinto y de fácil transversalidad, en una suerte de cultura del simulacro. Es un universo del "como si", que presta servicio gatopardista a la gobernabilidad. En él, nadie hace lo que dice, y nadie dice lo que hace.

Para desbrozar el espinoso soto bosque de este escenario de una Argentina desvencijada, conviene ir señalando a los actores de la llamada oposición al régimen. Son actores muchas veces solamente virtuales, que suben y bajan de la escena política, según el rating mediático y los intereses coyunturales del establishment que lo controla y utiliza.

IV. LAS FIGURAS DE LA OPOSICION.

La oposición más organizada, homogénea e influyente es hoy la derecha, con todo su capital social, cultural y comunicativo. Aunque el poder económico financiero no está para nada afectado en sus intereses reales, en la búsqueda de acumulación se empeña en desprestigiar y desgastar, no ya al oficialismo, sino a la misma noción de Estado nacional y soberano, que es su verdadero enemigo. Le molestan los dichos, no los hechos del gobierno. Para ello recurre a la suma de todos los argumentos posibles, aun los más contradictorios. La derecha, cuyo democratismo es voluble, puede acusar al gobierno de autoritarismo, quiebre de normas constitucionales, abuso de poder con sus excesivos decretos, falta de autoridad e izquierdismo utópico; todo ello en forma simultánea e indistintamente. Su objetivo obvio es reemplazar al elenco gobernante, antes o después -como sea- del cumplimiento de los plazos electorales. Ese rol lo cumple el conglomerado "Recrear", liderado hoy por Ricardo López Murphy, como antes pudo serlo por el Ingeniero Alsogaray y por otras figuras del elenco estable o renovado del neoliberalismo extremo de la Argentina. Creen que ante la protesta social, la gobernabilidad del sistema no pueda sostenerse sin represión. Pero no quieren otorgarle ese poder al gobierno actual.

Por ahí se desenvuelven también los restos del menemismo leal a su jefe y que no se ha transvestido aun en oportunismo oficialista. También ahí se encuentran muchos caudillos provinciales populistas y conservadores, cualesquiera sea la siglo partidaria o de alianzas tras las cuales han permanecido en sus poderes plutocráticos.

Las otras "oposiciones" formales solo pueden considerase en función del numero de componentes que tengan la múltiples representaciones partidarias o de independientes en la Cámaras del Congreso. Pero su coherencia es frágil, sus ideas son pobres, y sus actitudes tímidas. Los bloques y sub-bloques acomodan su voto de modo contradictorio y sin línea política coherente. No alcanzan a determinar una mínima consistencia para influir en la marcha de los asuntos legislativos. Es lo que mejor se ajusta a las estrategias del régimen, que como nunca antes, administra por decretos de necesidad y urgencia, o por viejas delegaciones legislativas, lo que le permite una holgada flexibilidad oportunista mediante las derogaciones y modificaciones de las normas jurídicas.

En cuanto a los llamados partidos políticos tradicionales no pueden ni quieren superar su endogamia, una cultura primitiva que, si se perpetua, va degenerando en una suerte de ficcionalidad irrelevante.

Finalmente están las oposiciones no formales, del tipo de los movimientos piqueteros, en pugna entre sí, respondiendo a motivaciones clientelares en los que parecen estar implicados kirchneristas y duhaldistas. Lo que aparece es una muestra superficial del escándalo mediático, al cual recurren los insurgentes para trascender, y la derecha opositora para ofrecer una imagen de descontrol y desorden que exigen represión violenta. Implican, aun fallidamente, un signo distorsionado de la representación de las injusticias sociales y de la salvaje marginación de la mayoría de la población. La evolución de los movimientos piqueteros es poco previsible. Dependen mucho más de la situación económica del país y de sus índices de desarrollo social, que de los esquemas ideológicos de algunos de sus cuadros. Pero mientras tanto son la expresión de amenaza anárquica, en la que se agita la "gobernabilidad" y se quiebra la "autoridad".

IV. LA CONTRAFIGURA DE LAS FICCIONES

Es allí, donde se siguen encontrando, cada vez como mayor dramatismo, las falencias estructurales de la Argentina real. Si la macro economía registra alguna recuperación (índices positivos de crecimiento respecto de los altamente negativos desde 1998 en adelante) el futuro en este aspecto se presenta sumamente delicado. Por empezar el producto bruto interno per capita, sigue siendo bajo y preocupante. Las exportaciones de petróleo crudo y de comodities del agro están comprometidas a mediano plazo y resulta preocupante la situación del principal socio y comprador de la Argentina, Brasil.

Los desequilibrios en la marcha de la economía y la histérica política norteamericana, más la compleja situación de los países componentes de la Unión Europea, con gobiernos desprestigiados por los ajustes en el plano de la seguridad social –y que se ha plasmado en la reciente elección parlamentaria de la UE, no permiten mayores alicientes para el despegue de las economías periféricas, si se piensan que de allí vendrán las inversiones. Todos ellos tienen sus propios problemas y sus mismos miedos. Por otra parte el endeudamiento argentino, en la medida que no se cambien radicalmente los paradigmas en que se perpetúa el modelo económico neoliberal, seguirá siendo un pesado lastre.

Si bien los indicadores del desempleo han descendido con rapidez, ello es consecuencia de otra ficción: las encuestas cuentan entre los empleados a quienes reciben subsidios por no serlo. Y todo ello en un marco de creciente precariedad e informalidad, ampliando la peligrosa cornisa de desamparo en el que está sumida más de la mitad de la población. A esto se deben agregar las falencias del Gobierno para incidir en la redistribución de la riqueza, por cuanto la desigualdad sigue siendo el mayor de los problemas argentinos. Entonces la política económica y el asistencialismo que lo socorre, se desenvuelven también en la ficción de las postergaciones, en la latencia de la naturalización de la injusticia y la miseria de la mayoría.

La vida y la acción de la dirigencia gubernamental discurren a los saltos por donde les es permitido. Como las aguas de un río, se desplaza allí donde no aparecen los escollos de un relieve montañoso, y desvía su cauce por múltiples e intranscendentes arroyuelos. En ellos navega la incapacidad y la propia voluntad de los gobernantes, hasta que se atasquen. Mientras tanto, la seudo-oposición democrática alega el cambio pero no lo define, ni siquiera en sus propias y desgastadas figuras personales, cargadas de fracasos y defecciones. Entonces, la acción política se aplica a la reyerta intestina. La República viene exigiendo desde sus viejas y latentes crisis irresolutas, desde su monótona decadencia, corrientes caudalosas y potentes, en un movimiento que tenga firme su proyecto nacional y democrático. Pero como no se hace lo que se debe, que es mucho, se hace lo que se puede, que es muy poco.

INFORME PREPARADO POR EL GRUPO DE ANALISIS POLITICO DE LA FUNDACIÓN ARTURO ILLIA, DIRIGIDO POR OSVALDO ALVAREZ GUERRERO.

LA DESAPARICION ... - Horacio Raven

LA DESAPARICION
memoria, arte y política.
LA DESAPARICION
como instrumento de la impunidad.

I. EL CONCEPTO DE DESAPARICIÓN Y EL ARTE

Tengo la intención de demostrar que la desaparición forzada de personas es uno de los instrumentos utilizados para la construcción de la impunidad.

Quiero transitar, desde mi limitada formación exclusivamente jurídica, por el apasionante desafío de intentar acercarme a la interrelación existente entre la memoria, el arte y la política frente a la DESAPARICIÓN.

Al respecto voy a referir una experiencia personal.

En la época de la dictadura el tema de los derechos humanos - y su defensa - era un tema exclusivo de pequeños grupos de militantes y activistas.

Cuando con la derrota en Malvinas se produjo la pérdida del miedo, el tema dejó de ser tratado exclusivamente en catacumbas y un público masivo, ávido y horrorizado colmó las salas de conferencias y leyó con avidez las publicaciones que referían, en distintos tonos y formas, la grave violación a los derechos humanos que había ocurrido en nuestro país.

Cuando nos tocaba explicar la metodología utilizada por la dictadura y describir la ajuricidad perversa del régimen, encontrábamos que nos era sumamente dificultoso evitar el amarillismo en el que mayoritariamente la prensa escrita iba cayendo.

¿Cómo explicar el concurso ideal de delitos tales como el secuestro, la tortura de los niños nacidos en cautiverio, sin truculencia ni promiscuidad?

En una de las obras teatrales exhibidas en Teatro Abierto II encontré la expresión artística que expresaba lo que no podía ni puedo transmitir tan acertadamente con mis propias palabras.

Me refiero a la excelente obra El Oficial Primero cuyo autor Carlos Somigliana reunía la doble actividad de ser artista y funcionario judicial, y con la brillante dirección de Beatriz Matar.

En ella, el Oficial Primero de un Juzgado trataba los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.

En el escritorio ubicado en el centro del escenario había una pila enorme de expediente de habeas corpus para resolver.

Tal vez valga la pena recordar que - en aquella época - con la respuesta de las fuerzas armadas y de seguridad en la que contestaban que la persona por cuya desaparición se estaba averiguando no se encontraba legalmente detenida, los Juzgados - con limitadas y honrosas excepciones - rechazaban el habeas corpus y disponían su archivo, muchas veces con imposición de costas al peticionante.

En la obra, el funcionario judicial les colocaba un sello representando la denegatoria del habeas corpus e iba conformando una nueva pila de expedientes del otro lado de su escritorio. Con cada expediente denegando, desde los armarios y los costados del escenario, caían al suelo jóvenes actores, enfundados en mallas color carne, dibujados en su rostro la mascarada de la muerte. Se iba oscureciendo el escenario mientras que una pila de cuerpos similar al número de expedientes denengados rodaban por el escenario en un fantasmagórico baile al son de valses de Strausss, para concluir todos boca arriba, con sus cabezas colgando en el borde del escenario, dirigidas hacia el público. Luego de la caída del telón y la oscuridad de la sala, tras helados segundos de consternación, el público descarba en aplausos la angustia y el llanto contenidos.

He referido esta escena en infinidad de oportunidades, desde aquella vez que la vi.

Con esto busco señalar cómo, en la construcción de la memoria, el arte supera largamente a las otras disciplinas.

Fíjense que si quisiera describirles jurídicamente la figura de la desaparición forzada, como figura autónoma, debería referirme a la definición que de ella se hace en el articulo IIº de la Convención Interamericana sobre Desaparición

Forzada de Personas que dice:

“… se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de la información sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Dable es recordar que ésta es la primera Convención que, con posterioridad a la reforma constitucional del ‘94, fue incorporada a la misma con las mayorías especiales que ella misma estableció.

Comparemos ahora esa descripción con la forma en que lo hace, con innegable calidad literaria, don Ernesto Sábato en la introducción del Nunca más:

“… se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del Infierno: Abandonad toda esperanza, los que entráis”

“De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fanstasmal: la de los Desaparecidos”

II- LA DESAPARICIÓN COMO INSTRUMENTO.

Para ingresar en este punto, no puedo dejar de señalar que la desaparición es un instrumento de la impunidad, así como ésta es uno de los elementos sobre los que se asegura la construcción de una sociedad hegemónica, de pensamiento único, con una alta concentración de la riqueza como la vigente.

Pero el desarrollo de esta temática, el estudio del neoliberalismo como violatorio de los derechos humanos, tanto los económicos sociales y culturales como los civiles y políticos, excede ampliamente el tema de esta exposición.

Es con esta aclaración que intentaré ceñirme al tema que nos convoca.

La desaparición forzada de personas tal vez reconozca sus orígenes en la orden de “Noche y Niebla” dictada el 7 de diciembre de 1941 por el Mariscal de Campo Wilhelm Keitel de la Alemania nazi, dirigida a perseguir a todas aquellas personas sospechosas de poner en peligro la seguridad de Alemania.

Esto fue ampliamente desarrollado y utilizado por la dictadura argentina en especial y por las dictaduras americanas de los sesenta y los setenta en general. Se utilizó para la persecución y eliminación de todo disidente.

Para explicar este concepto haré una pequeña digresión:

Hagamos el siguiente ejercicio mental: imaginemos un escenario donde, sin la dictadura y sin las 3 A, personalidades de distintas vertientes del pensamiento convivieran hoy como les tocó hacerlo bajo los inicios del terrorismo de Estado.

Imaginemos por ejemplo a Ortega Peña del peronismo, Sergio Karakachoff del radicalismo, Teresa Israel del Partido Comunista Argentino y el Obispo católico Monseñor Angelelli para nombrar sólo algunos de nuestros muertos o desaparecidos.

Pensemos en una sociedad pacífica y desarrollada donde pudieran exponer claramente sus ideas; sin duda hubieran tenido durísimos enfrentamientos ideológicos y políticos porque es fácil comprender que son mucho más las cosas que los separaban que las que los unía.

Sin embrago, todos ellos fueron víctimas del terrorismo de estado. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento común, el hilo conductor que los victimiza?

Era la fanática mente de los dictadores lo que los unía, era la oposición al modelo social imperante al que los genocidas, cipayos del poder hegemónico, pretendieron y pretenden servir.

Por eso, discrepo profundamente con quienes, desde la mezquina especulación partidaria, pretenden apoderarse de la representación o pertenencia de nuestros desaparecidos.

Junto con la desaparición como instrumento, se requirió también de silencio, complicidades y corrupción.

Es usual en nuestro país referir que la impunidad está construida sobre las leyes de punto final, obediencia debida e indultos. Lo que es cierto.

Pero por otros caminos, con sustento legal, acuerdo político o la fuerza, la impunidad se fue asentando en toda América.

Observemos el caso de Uruguay, más allá del pacto del Club Naval instrumentado durante la dictadura; con el advenimiento de la democracia los sectores progresistas lograron un plebiscito para imponerle al Estado la obligación de investigar las causas de violación a los derechos humanos y castigar a los culpables. La mayoría del pueblo votó negativamente y la impunidad se estableció; pregunto ¿por voluntad popular?

Lo cierto es que hoy, los organismos de derechos humanos uruguayos e internacionales están luchando para que el Gobierno cumpla con el artículo 4º de aquella ley que le reconocía a las víctimas y sus familiares el derecho a la verdad. Ni eso han podido conseguir en Uruguay, tan retrasada está allí la lucha.

Qué decir de Chile. El caso Pinochet ha desnudado el compromiso de impunidad que el gobierno chileno tiene con los genocidas para garantizar la gobernabilidad. Imaginemos a Videla Senador Vitalicio en lugar de preso, y tendremos una imagen aproximada del cuadro de situación con el que nos encontraríamos si ello hubiera ocurrido aquí.

Qué podemos decir de Bolivia, donde el dictador de ayer es el Presidente Constitucional de hoy.

Y de Brasil, donde nunca se investigaron los crímenes cometidos en el ‘64.

O de Paraguay donde nunca se investigaron los crímenes de Stroessner y le hemos dado asilo político a un acusado por un crimen de sangre.

Si miramos hacia el norte de América del Sur y Centro América, allí tenemos a Colombia sumergida en una guerra que la desangra, y un diálogo por la paz por la que clama todo el mundo y que el Gobierno es impotente para llevar adelante.

Mientras ello ocurre, Estados Unidos dice querer apoyar pero lo hace como ellos saben hacerlo: por la soberbia de la fuerza que le da su poderío militar, como elefante en un bazar.

El otro camino es el de Guatemala, sellada la paz, con la presencia y participación de Naciones Unidas; ésta es una paz que garantiza la impunidad a los responsables políticos e ideológicos de las masacres históricas cometidos contra los indígenas y campesinos guatemaltecos.

Es por ello que, leyes, decretos de indultos, plebiscitos, la fuerza o acuerdos de paz, todas son formas que llevan a un solo final: LA IMPUNIDAD.

III- CONCEPTO DE IMPUNIDAD

Hemos señalado hasta aquí, los distinto caminos o alternativas que se han seguiddo para asegurar la impunidad.

Intentaré brevemente acercarme al concepto, sólo como una forma de acceder posteriormente a la construcción de la justicia que nos debemos.

En las Conclusiones del Seminario Internacional sobre “IMPUNIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS”, realizado en Chile del 13 al 16 de diciembre de 1996, en su declaración final conocida como Declaración de Santiago se dice:

“La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto… Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia”

Si analizamos los elementos que esta definición brinda tenemos:

a) renuncia a la sanción penal: puede ser de cualquiera de las formas a las que nos referimos anteriormente; todas denotan que por propia voluntad o impuesto por la fuerza se renuncia a la sanción penal a los violadores.

b) Institucionalización de la injusticia por quienes están obligados a hacer justicia; esto es denegatoria de justicia, es violatorio de todos los pactos intenacionales y de prácticamente todas las constituciones y legislaciones de nuestros países.

c) Por último esta definición afirma que sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto. Creo que este último concepto no requiere de comentarios, baste referir lo que significa convivir diariamente con los genocidas.

Pensar que aquí, en nuestro país, significa además que para renovar pasaporte debamos hacerlo en lo que fuera un campo de concentración durante la dictadura y para hacer la revisación obligatoria de nuestro automóvil debamos concurrir al que fuera otro campo.

Hace poco una de las desaparecida por nuestra dictadura me refería el hecho de que nuestros jóvenes que aspiran a ingresar como oficiales de marina hoy se continúen formando la ESMA, es similar a pensar que las actuales Fuerzas Armadas alemanas realizaran sus estudios en lo que fuera Aswichzt.

El prestigiosos jurista francés Lois Joinet en su último “Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos” que presentó a la comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998 intenta la siguiente definición:

“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”

Rápidamente aquí, podemos ver que :

a) la inexistencia de responsabilidad penal puede ser de hecho o de derecho como ya refiriéramos con anterioridad al comentar las distintas formas de solucionar las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestros países durante las dictaduras de los sesenta y los setenta;

b) de esta forma los genocidas escapan a toda investigación tendiente a la condena penal o aún a la condena civil de indemnización del daño causado a sus víctimas; en nuestro país, por ejemplo, fue el Estado quien asumió el pago de las indemnizaciones; ninguno de los victimarios fue condenado, al menos solidariamente para que, eventualmente, el Estado hubiese podido intentar una repetición de los montos abonados;

c) por último así escapan a toda responsabilidad no sólo penal, sino también civil, administrativa o disciplinaria.

Para terminar este capítulo en el que he intentado una aproximación a la definición de impunidad y fundamentalmente a los elementos que la componen, es que quiero volver a traer a Joinet, esta vez en el Epílogo del Informe que he citado que me parece muy adecuado:

“Desde el origen de la humanidad hasta la época contemporánea, la historia de la impunidad es la historia de un perpetuo conflicto y de una extraña paradoja: un conflicto que opone el oprimido al opresor, la sociedad civil al Estado, la conciencia humana a la barbarie; una paradoja del oprimido que, liberado de sus cadenas, asume a su vez la responsabilidad del Estado y se encuentra atrapado en el engranaje de la reconciliación nacional que va a relativizar su compromiso inicial de luchar contra la impunidad”.

IV- LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA

Así llegamos al final del milenio.

Intentan negarnos el horror que vivimos, establecernos el olvido por decreto e imponernos la reconciliación sin castigo ni arrepentimiento.

Frente a ello levantamos con tozuda firmeza la convicción de que el nuevo pensamiento alternativo al hegemónico debe generarse desde un compromiso inclaudicable con la justicia y con la paz.

A nuestro entender los caminos alternativos que actualmente buscan el restablecimiento de la justicia son:

IV.1 En el orden nacional estrictamente

a) Los juicios que se siguen en nuestro país por ante los jueces Bagnasco, Literas y Guglialmino por la responsabilidad de las juntas militares.

b) Los procesos por la verdad y la identidad que actualmente se están realizando en Capital Federal, La Plata, Córdoba y Bahía Blanca.

c) Algunos juicios que se siguen contra algunos de los criminales como el que siguiera el Diputado Alfredo Bravo contra Etchecolatz, o las denuncias presentadas contra el Tigre Acosta, Bussi y Astiz por sus cuentas en Suiza producto del robo a los desaparecidos y tantos otros que están actualmente en trámite.

IV. 2 Por terceros estados

d) Los juicios que por la suerte de sus nacionales desaparecidos en la Argentina se siguen en Italia, España y Alemania.

e) Los juicios seguidos por algunos criminales en particular que se han seguido o aún continúan en trámite en Suecia y Francia.

IV.3 El Tribunal Penal Internacional

El año pasado se adoptó en la Conferencia Diplomática de Roma el Estatuto del Tribunal Penal Internacional.

Este estatuto crea un Tribunal Internacional Permanente que tendrá atribuciones para juzgar:

a) el crimen de genocidio;

b) los crímenes de lesa humanidad;

c) los crímenes de guerra.

Este tribunal define el genocidio de acuerdo a la Convención Internacional del ‘48, los crímenes de guerra de acuerdo a las Convenciones de Ginebra del ‘49 y los Protocolos Facultativos del ‘77 y como crímenes de lesa humanidad a los siguientes actos:

a) asesinato;

b) exterminio;

c) esclavitud;

d) deportación o traslado forzoso

e) encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) tortura;

g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inacepetables con arreglo al derecho internacional;

i) desaparición forzada de personas;

j) el crimen de apartheid;

k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Tendrá un Procurador o fiscal independiente, con facultades para denunciar e impulsar procesos; también podrán hacerlo las organizaciones no gubernamentales,

No será perfecto: entre otras la definición de desaparición forzada de persona no es nada feliz, pero, de todas formas, objetivamente, es un avance cualitativo fundamental y deja planteadas muy claras reglas de juego para el futuro.

Para su entrada en vigor requiere de la ratificación de 60 Estados; actualmente la han firmados aproximadamente 23 Estados y sólo 3 han completado el proceso de ratificación.

V- EL CASO PINOCHET

Adrede, y al solo efecto de la claridad de la exposición, he dejado para referirme por separado al tema Pinochet.

Debería ser incluido dentro de los juicios impulsados por terceros estados; en este caso el dictador chileno es juzgado por su responsabilidad en la implementación del Operativo Cóndor: una suerte de regional del terror, organización represiva que coordinaba el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad del subcontinente para realizar actos terroristas en cualquier lugar del mundo.

Pero lo menciono por separado porque lo hasta aquí ocurrido en su causa es, desde el punto de vista estrictamente jurídico, un avance fundamental.

El ex dictador chileno, que tal vez esperaba pasar a la historia como un fiel luchador contra el comunismo internacional y servil aliado de Inglaterra contra el derecho de nuestro país sobre Malvinas, pasará a la historia porque su causa es un punto de inflexión en el concepto de soberanía y el principio de territorialidad del derecho penal.

Su causa salda el debate a favor del reconocimiento de la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el principio de territorialidad en el derecho penal positivo.

Es por ello que, aunque condenable éticamente, no es trascendente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si Pinochet es dejado en libertad por razones humanitarias.

Los Lores reconocieron que, a partir de la ratificación de la Convención contra la tortura, Inglaterra - y por ende todos los Estados partes de la Convención contra la Tortura - tienen, con Pinochet, dos caminos: o lo procesa o lo extradita a España para que lo juzgue. El tercer camino - el de la impunidad justificada legalmente - queda así definitivamente clausurado.

VI - LOS PRÓXIMOS PASOS

He tratado hasta aquí, de hacer un diagnóstico aproximado de la realidad actual, enumerando los distintos elementos que, a mi entender, constituyen el cuadro de situación contemporáneo.

Así he desarrollado los pros y contras de una lucha, que, como todas, está regada de éxitos y fracasos, de marchas y contramarchas, de luces y sombras.

Pero bien, aquí estamos. Con causas abiertas que necesitan continuar siendo impulsadas, con jueces independientes que tengan la voluntad de investigar, con un poder político que dé señales claras de su compromiso con la justicia.

En este camino será fundamental que el próximo gobierno asuma la responsabilidad que éste no asumió y cumpla con los convenios internacionales cooperando, como está obligado, con los jueces extranjeros que investigan la suerte de sus desaparecidos.

Con referencia al Tribunal Penal Internacional es fundamental que el Estado Argentino ratifique el Estatuto que ya ha firmado y que se encuentra frenado en el Ministerio de Relaciones Exteriores por un insostenible argumento formal.

Por último es de esperar que nuestro Congreso Nacional dicte a la brevedad una ley que permita la aplicación de la jurisdicción internacional en nuestro país en la forma que lo establecen los convenios internacionales de los que nuestro país es parte.

VII - A MODO DE CONCLUSIÓN

Quiero terminar honrando a los artistas.

Es que ellos, desde su arte, suman a la conciencia colectiva y aportan a la construcción de la memoria.

Son militantes laicos contra el olvido y la impunidad.

Y qué mejor entonces que citar a uno de los más grandes poetas latinoamericanos contemporáneos.

He traído de él una poesía y algunos versos de otra que cito a modo de conclusión.

Dice Mario Benedetti en OLVIDO:

El olvido no es victoria
Sobre el mal ni sobre nada
Y sí es la forma velada
De burlarse de la historia
Para eso está la memoria
Que se abra de par en par
en busca de algún lugar
Que devuelve lo perdido
No olvida el que finge olvido
Sino el que puede olvidar

Y dice en HOMBRE PRESO QUE MIRA A SU HIJO:

Es preferible
llorar a traicionar
es preferible
llorar a traicionarse
llorá
pero no olvides

por Horacio Raven, Agosto 1999

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¿POR QUÉ EL SOCIALISMO? - Albert Einstein

¿Es admisible que una persona no versada en acontecimientos económicos y sociales opine sobre el tema del socialismo?

Abordemos primero esta pregunta desde el punto de vista del conocimiento científico. Podría parecer que no, existieran diferencias metodológicas esenciales entre la astronomía y la economía: el objetivo de los científicos es en ambos campos, descubrir leyes de validez universal para un grupo delimitado de fenómenos, a fin de mostrar, lo más claramente posible, su interrelación. Pero es indiscutible la existencia de tal tipo de diferencias metodológicas. No resulta fácil descubrir leyes generales en el campo de la economía dado que los fenómenos económicos observables están a menudo influidos por diversos factores que es muy difícil evaluar por separado. Por otra parte, la experiencia acumulada desde los comienzos del llamado "período civilizado de la historia humana", como bien se sabe, ha sido siempre ampliamente influida y condicionada por causas que en modo alguno son de naturaleza exclusivamente económica. Por ejemplo, a lo largo de la historia, la mayoría de los principales estados fueron a su turno conquistados. Los pueblos invasores se establecieron en el país dominado, como clases legal y económicamente privilegiadas. Monopolizaron la propiedad de la tierra y designaron un clero que surgía de sus propias filas, el que asumió el control de la educación convirtiendo la división clasista de la sociedad en una institución permanente, y creó un sistema de valores a través del cual puede guiarse, en gran medidas inconscientemente, la conducta social de los hombres.
Sin embargo la tradición histórica pertenece, por así decirlo, al pasado; en ninguna parte se superó realmente lo que Thorstein Veblen denominaba la "fase depredatoria" del desarrollo humano. Los hechos económicos observables corresponden a esta fase, las leyes que pueden inferirse de los mismos ni son verificables ni válidas, aun en otras fases. Puesto que el verdadero objetivo del socialismo consiste, precisamente, en superar la fase depredatoria del desarrollo humano, es poca la luz que la ciencia económica puede arrojar en su estado actual sobre la futura sociedad socialista.
En segundo término, el socialismo tiene una finalidad ético-social. La ciencia, sin embargo, no puede establecer objetivos finales y, menos aún, inculcárselos a los seres humanos; a lo sumo puede proporcionar los medios para obtener determinados fines. Pero los fines mismos son concebidos por personalidades de elevados ideales éticos; si éstos no son prematuros y endebles sino fuertes y vitales, serán adoptados y llevados hacia adelante por los hombres, quienes semiinconscientemente determinan la lenta evolución de la sociedad.
Por estas razones deberíamos guardarnos de sobre estimar la ciencia y los métodos científicos en relación a problemas humanos y de suponer que los expertos son los únicos que tienen derecho a expresarse respecto de cuestiones que afectan a la organización de la sociedad.
De un tiempo a esta parte se acepta corrientemente que la sociedad humana atraviesa una grave crisis, que su estabilidad ha sido profundamente resquebrajada. Es característico de situaciones como ésta, que los individuos se sientan indiferentes, y aún hostiles, hacia el grupo, grande o pequeño, al cual pertenecen. Permítaseme registrar aquí, a modo de ejemplo, una experiencia personal. Recientemente discutí, con una persona bien formada e inteligente, acerca de la amenaza de una nueva guerra, la que, según mi opinión haría peligrar seriamente la existencia de la humanidad; y sostuve que sólo una organización supra-nacional podría ofrecer protección frente al peligro. Mi interlocutor respondió de manera muy tranquila y directa: " ¿Por qué se opone usted tan decididamente a la desaparición de la raza humana? ". Estoy convencido que cien años atrás nadie hubiera podido replicar con tanta ligereza. Se trata de la expresión de un hombre que se ha debatido en vano por lograr algún tipo de equilibrio interno y que casi ha perdido toda esperanza de obtenerlo. Refleja la dolorosa soledad y aislamiento que tantas personas padecen en la actualidad. ¿Cuál es la causa? ¿Existe una salida?
Es fácil plantear preguntas de esta índole, pero difícil responder a ellas con algún grado de seguridad. Debo, empero, intentar hacerlo del mejor modo posible, aunque soy muy consciente del hecho que nuestros sentimientos e impulsos a menudo son contradictorios y oscuros, y que no pueden ser expresados en fórmulas simples y terminantes.

LA DOBLE NATURALEZA DEL HOMBRE

El hombre es, simultáneamente, un ser solitario y social. En tanto solitario trata de proteger su propia existencia y la de quienes están cerca suyo, a fin de satisfacer sus necesidades personales y desarrollar sus aptitudes. Como ser social, procura merecer el reconocimiento y afecto de sus compañeros, compartir sus alegrías, conformarlos en su sentimiento y mejorar sus condiciones de vida. Sólo la existencia de estas alternativas, frecuentemente conflictuadas, explican el carácter propio de los hombres; su particular combinación determina el grado en que un individuo puede lograr el equilibrio interno y contribuir al bienestar de la sociedad. Es muy posible que en lo fundamental sea la herencia la que determina la fuerza relativa de ambas tendencias. Pero la personalidad que finalmente emerge resulta, en gran medida, de la influencia del medio ambiente en el que el hombre se desarrolla, de la estructura social en la que se desenvuelve, de la tradición de esa sociedad y de la evaluación que ella haga de los tipos particulares de conducta. El concepto abstracto de "sociedad" significa, para el individuo humano, la suma total de sus relaciones directas e indirectas con sus contemporáneos y con sus antepasados. El hombre es capaz de pensar, sentir, luchar y trabajar por sí mismo; depende, empero, tanto de la sociedad - en los aspectos físicos, intelectual y emocional - que resulta imposible pensar en él, o intentar comprenderle, fuera del marco de la sociedad. Es la "sociedad" la que proporciona al hombre el alimento, el vestido, la vivienda, los instrumentos de trabajo, el lenguaje, las formas y gran parte del contenido del pensamiento; su vida resulta posible por el trabajo y las realizaciones de millones de hombres del pasado y del presente que es lo implica do por el insignificante término de "sociedad".
Es evidente, pues, que la dependencia del individuo humano respecto de la sociedad es un hecho innegable. Como lo es también a la hormiga y la abeja respecto del hormiguero y la colmena. Sin embargo, mientras que todo el proceso vital de hormigas y abejas obedece, hasta en el más mínimo detalle, a instintos rígidos y hereditarios, las normas sociales y las interrelaciones de los seres humanos son muy variables y susceptibles de modificaciones. Tanto la memoria como la aptitud para organizar nuevas experiencias y la propiedad de la comunicación oral, hicieron posible que en un desarrollo, los seres humanos trascendieran el plano de las necesidades estrictamente biológicas. Dicho desarrollo se manifiesta en tradiciones, instituciones y organizaciones; en literatura; en realizaciones científicas y técnicas; en obras de arte. Esto explica cómo, en cierto sentido, el hombre puede influir sobre su propia vida a través de su conducta, y que, en este proceso, el pensamiento consciente y la voluntad desempeña un papel.
El hombre hereda al nacer, una constitución biológica que debemos considerar fija e inalterable y que incluye los impulsos naturales característicos de la especie humana. A ella se suma en el curso de su vida, una estructura cultural que el hombre adopta de la sociedad a través de la comunicación, y otras vías de influencia. Esta estructura cultural, sujeta a modificaciones a través del tiempo, condiciona, en gran medida, la relación hombre-sociedad. Sobre la base de investigaciones comparativas de las llamadas culturas primitivas, la antropología moderna nos han enseñado que la conducta social de los seres humanos puede diferir enormemente, según sean las pautas de cultura prevalecientes y los tipos de organización que predominan en la sociedad. En esto se basan quienes luchan por mejorar el curso de la historia humana. La constitución biológica no condena a los hombres a un destino cruel que en realidad ellos se autoinfligen, ni a su mutua aniquilación.
Quien se pregunte cómo podría cambiarse la estructura de la sociedad y las actitudes culturales del hombre, a fin de transformar la vida humana, debe ser consciente del hecho que existen condiciones que no es posible modificar. Como ya se dijo, la naturaleza biológica del hombre es inmodificable, cualquiera sea el fin que los hombres persiguen. Por otra parte, el desarrollo tecnológico y demográfico de los últimos siglos ha creado de modo definitivo ciertas condiciones. Tratándose de poblaciones relativamente densas, que se autoabastecen de los bienes indispensables para su subsistencia son imprescindibles una minuciosa división del trabajo y un aparato productivo estrictamente centralizado. La época en que individuos o pequeños grupos podían autoabastecerse y que muchos conciben idílica, ha desaparecido definitivamente. Pero en cambio es apenas exagerado el sostener que la humanidad constituye todavía una comunidad planetaria de producción y consumo.
Alcanzado este punto creo oportuno señalar, brevemente, lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo: la relación individuo-sociedad. Jamás se tuvo tanta conciencia como hoy acerca de la dependencia del hombre respecto de la sociedad. Dependencia que él no experimenta positivamente, como un lazo orgánico, o una fuerza protectora, sino como una amenaza a sus derechos naturales, y aun a su existencia económica. Su posición en la sociedad es tal, que constantemente son acentuados los impulsos egoístas de su personalidad mientras que los impulsos sociales, más débiles por naturaleza, son progresivamente deteriorados. Todos los seres humanos, cualquiera sea su posición en la sociedad, sufren este proceso de deterioro. Inconscientemente, prisioneros de su propio egoísmo, se sienten inseguros, solos y despojados de la ingenua y sencilla alegría de vivir. Sólo consagrándose a la sociedad puede el hombre hallar sentido a su corta y arriesgada existencia.

EL ORIGEN DEL MAL

A mi modo de ver, la verdadera fuente del mal reside en la anarquía económica de la sociedad capitalista actual. Así, presenciamos una gran comunidad de productores cuyos miembros luchan infatigablemente por despojarse mutuamente de los frutos de su trabajo colectivo, no por la fuerza sino por la fiel complicidad con el orden legal establecido. En este sentido, es importante comprender que los medios de producción -es decir la capacidad productiva total requerida para producir bienes de consumo, así como bienes de capital - pueden ser legalmente, y en su mayoría lo son, propiedad privada de individuos.
Por razones de claridad en la discusión que sigue, denominaré "obreros" a todos aquellos que no comparten la propiedad sobre los medios de producción, pese a que esta acepción no responde al uso habitual de la palabra.
El propietario de los medios de producción ocupa una posición que le permite comprar la fuerza de trabajo del obrero. Utilizando los medios de producción el obrero produce otros bienes que, a su vez, se convierten en propiedad del capitalista. Lo esencial de este proceso reside en la relación existente entre lo producido por el obrero y el salario que recibe, medidos uno y otro en términos de valor real. Mientras que el contrato de trabajo es libre el salario del obrero se determina no por el valor real de los bienes que produce, sino en función de sus necesidades mínimas y por la relación entre la demanda de fuerza de trabajo por los capitalistas y la cantidad de obreros que compiten en encontrarlo. Es necesario advertir que ni siquiera en teoría el salario del obrero está determinado por el valor de su producto.
El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte merced a la competencia misma de los capitalistas, y en parte porque el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo estipulan la formación de unidades de producción mayores a expensas de las pequeñas. De este desarrollo resulta una oligarquía de capitales privados cuyo inmenso poder no puede ser eficazmente controlado ni siquiera mediante una sociedad democráticamente organizada. Esto es válido desde que los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por partidos políticos ampliamente financiados o bien influidos éstos, a su vez, por capitalistas privados, quienes en aras de sus objetivos particulares separan el electorado del cuerpo legislativo. De aquí que, en realidad, los representantes del pueblo no protejan suficientemente los intereses de los sectores no privilegiados de la población. Bajo estas condiciones es inevitable que los capitalistas privados incluso controlen, en forma directa o indirecta, las principales fuentes de información (prensa, radio, educación). Es, pues tremendamente difícil, y en muchos casos realmente imposible, para el ciudadano, llegar a conclusiones objetivas y hacer uso inteligente de sus derechos políticos.
De este modo, caracterizan la situación predominante de una economía basada sobre la propiedad privada del capital, dos principios fundamentales: primero, los medios de producción (capital) son de propiedad privada y los propietarios pueden disponer de ellos a su conveniencia; segundo, el contrato de trabajo es libre. Por supuesto, no existe una sociedad puramente capitalista en este sentido. En particular es preciso señalar que tras largas y amargas luchas políticas llevadas a cabo por la clase obrera, ciertas categorías de obreros han obtenido algunas "mejoras" sobre el contrato de trabajo libre. En su conjunto, sin embargo, la economía actual no difiere mayormente de la forma "pura" de capitalismo.
No es la utilidad social sino la ganancia la que motiva la producción.
El "ejército de desocupados" es una variable constante de este sistema, que no prevé fuentes seguras y permanentes de trabajo para todos aquellos hombres capaces y dispuestos a trabajar.
El obrero se halla bajo la constante amenaza de perder su trabajo. Puesto que los desocupados, así como los obreros de salarios bajos no proporcionan un mercado amplio, la producción de bienes de consumo es reducida, determinando las consiguientes privaciones y penurias. Con frecuencia, el progreso tecnológico conduce no a la disminución del esfuerzo productivo sino a la desocupación. De la motivación capitalista dominante (el beneficio) y la competencia entre capitalistas, resulta la inestabilidad en la acumulación y utilización del capital, lo que a su vez provoca crecientes depresiones. La competencia ilimitada desperdicia enormes cantidades de trabajo y deforma la conciencia social de los individuos.
Considero que esta mutilación del hombre es el peor defecto del capitalismo. Todo nuestro sistema educacional padece este mal. Se promueve en el estudiante una actitud exageradamente competitiva induciéndolo a sobre valorar la capacidad adquisitiva y a hacer de ésta su objetivo.
Estoy convencido que sólo existe una manera de eliminar estos graves males: fundamentalmente mediante la constitución de una economía socialista, acompañada de un sistema educativo orientado por objetivos sociales.
En una economía de este tipo, la misma sociedad es propietaria de los medios de producción y los utiliza de manera planificada. Una economía planificada, que ajustara la producción a las necesidades de la comunidad, distribuirá el trabajo necesario entre todos los que fueran aptos para trabajar y garantizaría la subsistencia a cada hombre, mujer o niño; la educación del individuo intentaría promover en él, tanto el desarrollo de sus aptitudes como el sentido de la responsabilidad hacia sus congéneres, en lugar de glorificar el poder y el éxito por sí mismos, como hace nuestra sociedad actual.
Sin embargo, conviene recordar que economía planificada no es sinónimo de socialismo. La esclavización del individuo puede ser simultánea a la existencia de una economía planificada. La realización del socialismo requiere la solución de algunos problemas socio-políticos estrechamente difíciles: ¿Cómo evitar que la burocracia se convierta en una fuerza todopoderosa y arrogante, basada en una alta centralización del poder político y económico?.
¿Cómo asegurar los derechos del individuo y oponer así un firme contrapeso democrático al poder de la burocracia?
En nuestra época de transición resulta de fundamental importancia comprender con claridad los objetivos y problemas del socialismo. Considerando que en las actuales circunstancias la discusión libre e incondicional ha devenido en tabú, estimo que la publicación de esta revista es una importante contribución al progreso de la sociedad.